"Con esta ley pretendemos regular el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Así podremos intervenir y organizar la dispersión de fuentes y tener mayor control, también prohibir la contratación a dedo, obligar a hacer contrataciones públicas y buscar que sean los mejores los que se presenten para garantizar transparencia y eficiencia", afirmó Parody en un comunicado.
Esta iniciativa surge después de que varias denuncias recientes mostraran cómo niños de bajos recursos reciben pocas raciones de comida y en mal estado.
Dicho proyecto de ley también busca que se cree la Agencia Nacional para la Alimentación Escolar (ANA), que operará en las regiones más vulnerables (donde alcaldías y gobernaciones no tengan capacidad para hacerlo).
"Mediante este proyecto se busca eliminar cualquier posibilidad de que se presenten mafias. Además se estandarizarán los precios, con estudios de mercado. Esto quiere decir que se va a buscar que se entregue lo mismo que una madre le incluye en la lonchera (recipiente para llevar comida) a su hijo", señaló la ministra de Educación.
Según esa misma cartera, se observó que existe una dispersión de recursos en la entrega de las raciones alimenticias para los niños de las escuelas más pobres del país, ya que "hay seis fuentes de donde sale la plata (dinero) y esto permite que haya desarticulación, falta de control, y duplicidad en la atención del servicio de alimentación escolar".
Todas esas fuentes suman recursos por 1,5 billones de pesos (cerca de 400 millones de dólares), lo que facilita la corrupción.
Parody agregó que la nueva ley permitiría tener un solo responsable de los recursos, de manera que se logre una unidad de ejecución "y que no se pierda ni un centavo" del dinero que se destina para la alimentación escolar de las niñas, niños y jóvenes del país.
