"Ha sido una marcha sacrificada, pero vale la pena, estamos en camino y esperamos que nos atienda el presidente Evo Morales", afirmó Cabrera en contacto telefónico desde la población de San Antonio a unos 50 kilómetros de la capital.
El dirigente inició la marcha el 22 de marzo desde la ciudad de Cochabamba (centro) en su silla de ruedas.
La demanda fue acompañada por organizaciones de derechos humanos y por la Defensoría del Pueblo, que se han encargado de dar asistencia humanitaria a estas personas, al tiempo que autoridades del Gobierno han intentado dialogar con los representantes de la marcha, sin resultados.
"Estamos dispuestos al diálogo y los esperamos donde quieran, lo que pasa es que el Gobierno manda viceministros y ministros que no tienen capacidad de decisión, lo hace para lavarse las manos. Lo que nosotros queremos son personas con poder de decisión y que sea el presidente el que nos atienda", declaró Cabrera.
Las autoridades de Gobierno descartaron la posibilidad de atender el pedido de estas personas señalando que el bono de 71 dólares mensuales demandaría unos 52,7 millones de dólares al año, monto que se equipara al presupuesto del departamento de Cochabamba (centro), uno de los más poblados de Bolivia.
"Hemos tenido enfermos y como la opinión pública conoce han fallecido dos personas y no hemos tenido atención del Gobierno", dijo.
La ministra de Justicia, Virginia Velasco lamentó que los dirigentes de la caravana se hayan negado a dialogar con ella.
"No me tomaron en cuenta, será porque soy muy joven, pero vamos a seguir insistiendo en el diálogo", dijo en declaraciones al canal privado Giga visión.
El Gobierno ha ofrecido mesas de trabajo técnicas con los representantes de las personas con discapacidad para encontrar alternativas a la demanda económica que plantean los movilizados.
