"Al final, la sombra de una jugarreta política no está descartada, en la impartición de justicia en estos temas, siempre deben imperar las ponderaciones jurídicas antes que las políticas", dijo la senadora mexicana.
La más reciente, recuerda la legisladora mexicana, fue el emprendido contra Otto Pérez, entonces presidente de Guatemala, "quien se vio envuelto en un escándalo de corrupción que era un verdadero esquema de contrabando y fraude fiscal".
Rousseff está acusada de violación de leyes fiscales y manipulación de fondos públicos, pero los dos funcionarios en la línea constitucional de sucesión, el Vicepresidente y el Presidente del Congreso tienen procesos abiertos por corrupción, aún así, "Brasil puede garantizar la estabilidad institucional", considera la titular de la comisión legislativa sobre la región en la Cámara Alta mexicana.
La congresista recordó que también el rival de la presidenta brasileña, Eduardo Cunha, presidente del Congreso, "está acusado por la Fiscalía de ser dueño de cuentas millonarias en paraísos fiscales, está siendo investigado por la Comisión Parlamentaria de Ética y es uno de los nombres implicados en los llamados Panama Papers" sobre evasión tributaria.
En busca de la reconciliación
En el escenario brasileño "lo más preocupante es la polarización de su población" dijo, señalando que un sondeo de Folha de São Paulo, indica que 60 por ciento del país apoya el proceso de "impeachment".
Las relaciones internacionales también pueden ser alteradas por el proceso, "es necesario recordar que la política exterior de un país está estrechamente ligada a su política interna", señala la legisladora.
El proceso de destitución es un mecanismo que contempla la Constitución Federal de Brasil y fue utilizado la última vez en 1992 cuando Fernando Collor de Mello quien "fue sometido a este proceso que terminó con su renuncia", recuerda Gómez del Campo.
Por lo tanto "es un instrumento democrático que sirve de contrapeso al Ejecutivo, sin embargo en el caso de la presidenta Dilma Rousseff tiene un importante componente político", advirtió.
Con el grado de inestabilidad política dentro de Brasil y la crisis en la que está involucrada la titular del poder Ejecutivo, "no se tienen herramientas para dar continuidad o impulsar las relaciones exteriores, por lo que será necesario –dijo- esperar el desenlace de este proceso para que Brasil retome su participación activa en la arena internacional".
Por lo tanto, la comunidad latinoamericana debe "dar un seguimiento respetuoso pero cercano a este proceso en el que los derechos humanos, los procesos democráticos y las instituciones deben ser respetados".
Consideró además que tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) "deben estar pendientes de dicho proceso"
El caso marca "la hora de despertar y combatir la corrupción, un mal que a México lo lastima sobremanera", afirmó.
Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, México tiene niveles muy altos de percepción de la corrupción y muy bajos de percepción de apego al Estado de Derecho, "eso es muy preocupante", dijo.
En América Latina "estamos ante un momento histórico a nivel regional en el que debemos impulsar mecanismos anticorrupción para erradicar este mal de nuestras sociedades", puntualizó la senadora.