Según Bonadío, la expresidenta (2007-2015) y su entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, ordenaron en noviembre del año pasado que el Banco Central realizara una serie de operaciones de venta de dólares a futuro que a la postre generaron un gran perjuicio económico al Estado.
Este martes un tribunal federal denegó un nuevo pedido de recusación contra el magistrado por "una inclinación muy favorable respecto a la posición acusadora", que "ha obstaculizado todo lo que pudo, arbitrariamente, recurrentemente, el ejercicio de defensa", según el diario Página/12.
Los cuestionamientos a Bonadío se centraron en que no permitió a la defensa el acceso a las actuaciones y materiales de prueba, complicando el derecho que tienen los acusados a defenderse.
Por entonces, y cuando empezaba la campaña electoral, el juez ordenó a la Policía metropolitana, un cuerpo de seguridad que solo podía actuar en Buenos Aires, la capital federal, llevar a cabo un espectacular allanamiento de las oficinas de Hotesur en la austral provincia de Santa Cruz.
Además, también habría denegado a la defensa la posibilidad de sugerir peritos contables que examinaran las pruebas, según la Cámara Federal.
Bonadío y la política
Bonadío es uno de los 12 jueces federales en lo criminal y correccional que gozan de amplias prerrogativas para realizar sus investigaciones y en cuyos juzgados recaen los casos más sonados desde derechos humanos hasta corrupción.
Con un origen político en el peronismo de derecha, Bonadío ingresó al Ministerio del Interior durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) y de allí pasó a la Justicia federal, cuando en 1992 comenzaron los juicios orales y públicos y se duplicaron los juzgados federales.
En 1996, el exministro de Economía, Domingo Cavallo, denunció públicamente que el ministro del Interior, Carlos Corach, le había escrito en una servilleta los nombres de los jueces que "jugaban a favor del Gobierno", entre los cuales estaba Bonadío.
El magistrado fue acusado en varias ocasiones de favorecer con sus fallos a funcionarios gubernamentales; procesó a un periodista por revelar la corrupción de un interventor del servicio social para los jubilados y llegó a ser enjuiciado por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura, aunque sin consecuencias.
Según el diario Perfil, Bonadío recibió a lo largo de su carrera más de 51 denuncias ante el Consejo de la Magistratura, algunas por delitos graves, pero casi todas desestimadas.
Sin embargo, ocho causas siguen activas y fueron a menudo blandidas por el Gobierno de Cristina Fernández contra Bonadío, cuando este se lanzó a investigar las denuncias de irregularidades en las empresas de la mandataria.
Ahora, Bonadío imputó a Kirchner, Kicillof y a otros 11 funcionarios por el supuesto delito de "defraudación a la administración pública", que conlleva penas de entre dos y seis años de prisión, y los ha citado a declarar esta semana.
Kicillof comparece este martes y la expresidenta, el miércoles.
