"Iniciamos una gira por la libertad, con la ley de amnistía en la mano, y le informamos al Alto Comisionado que en Venezuela hay 115 presos políticos, 23 de los cuales están en estado crítico de salud", dijo Lilian Tintori, esposa del encarcelado líder Leopoldo López, según una nota entregada en Caracas por su partido Voluntad Popular.
La ley de amnistía permitiría la liberación de López, condenado a casi 14 años de cárcel como instigador de manifestaciones antigubernamentales que degeneraron en violencia en 2014, y de decenas de otros dirigentes y activistas que están presos o autoexiliados.
El presidente Nicolás Maduro y su Partido Socialista Unido de Venezuela rechazan la ley de amnistía, aprobada por la mayoría opositora en la Asamblea Nacional legislativa el 29 de marzo y pendiente de una impugnación en el Tribunal Supremo de Justicia.
Tintori integró un grupo que viajó a Ginebra para informar al Alto Comisionado, junto a los opositores Delsa Solórzano y Luis Florido, presidentes de las comisiones de política interior y exterior de la Asamblea, y el asesor legal del parlamento, Jesús Casal.
Florido, quien también estuvo en México recabando apoyo del Gobierno y partidos políticos para la amnistía en Venezuela, dijo "confiar en que la presión internacional continúe para que se haga posible la liberación de los presos políticos".
Solórzano sostuvo que "la ley de amnistía no tiene ni un solo viso de inconstitucionalidad, ya que no ampara homicidas, narcotráfico, corrupción, y cumple con los parámetros establecidos por las Naciones Unidas".
Maduro, su partido y el alto mando militar de Venezuela han rechazado la ley, que perdona delitos cometidos en el marco de acontecimientos políticos desde 1999 hasta 2015, por considerar que consagra la impunidad y viola la Constitución al abarcar hechos que contravienen leyes sobre derechos humanos y narcotráfico.
Venezuela vive una confrontación entre los poderes del Estado desde que la oposición ganó la mayoría en el parlamento el pasado diciembre.
