Garoña es la instalación nuclear más antigua de España, con una vida útil de 40 años, por lo que la mayoría de partidos políticos en España apostaba por su cierre definitivo y la clausura de forma progresiva del resto de nucleares, que aportan un 20 por ciento de energía.
Sánchez Galán recordó en una entrevista hace escasos días que en todo el mundo se están cerrando varias centrales nucleares, pero "no por razones políticas, sino económicas, porque no son viables".
"No es tanto nuclear sí o nuclear no, sino si es segura o no, o si es eficiente o no", señaló el presidente de Iberdrola.
La compañía, a través de Nuclenor, es la copropietaria de Garoña, junto a la otra energética más grande del país, Endesa.
La planta lleva en estos momentos más de tres años parada, a la espera de la respuesta por parte del Ministerio de Industria, dado que Nuclenor pidió al Ejecutivo que permaneciese abierta hasta 2031, cuando se cumplirían 60 años desde su puesta marcha.
Hasta el momento, el Gobierno no dio ninguna respuesta a la empresa, dado que se requiere del visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), controlado por el poder político.
Hasta las últimas elecciones el CSN estaba controlado por el conservador Partido Popular (PP), proclive a la reapertura de la central nuclear.
Sin embargo, tras los últimos comicios generales, que dejaron un escenario político tan dividido, todos los grupos políticos excepto el PP remitieron una carta al regulador nuclear para pedir que se aplace el proceso de evaluación para la reapertura de Garoña hasta que se forme el nuevo Gobierno.
