La advertencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH señala que ha sido una “irresponsabilidad” haber difundido el tercer peritaje de fuego —sin consenso entre otros seis peritos internacionales— que indagan la posibilidad de que los 43 jóvenes desaparecidos en septiembre de 2014 hayan sido incinerados en el basurero de Cocula —vecino de la ciudad de Iguala donde ocurrió la masacre—, presentado el viernes pasado a instancias de la PGR.
“Quien ha tomado esta decisión de difundir un peritaje inconcluso y provisional ha contribuido de forma determinante al quiebre de la confianza y ha supuesto un nuevo impacto en los familiares”, dijo en conferencia de prensa, la exfiscal que llevó ante la justicia al dictador de Guatemala al general Efraín Ríos Mont, por crímenes de lesa humanidad.
El grupo de expertos —dijo Paz y Paz— ha pedido a la PGR la realización de una reunión con todos los peritos de fuego que participaron en la elaboración de este último estudio y la PGR “para aclarar lo sucedido”.
La controversia
La PGR ha difundido que el tercer peritaje de fuego en Cocula —que según versiones de prensa tiene el rechazado de uno de los seis peritos y la abstención de otro—, apunta a que “la recolección de restos óseos corrobora la evidencia suficiente y coincidente entre los equipos forenses, tanto de la PGR como del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) —autores de dos peritajes anteriores—, lo que permite determinar que al menos 17 seres humanos, adultos, fueron quemados en el lugar”.
Los cinco expertos que actúan bajo mandato de colaboración entre el Estado mexicano y el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) denunciaron que el rompimiento de los acuerdos por parte de la PGR ha dañado la confianza.
Esa actuación de la fiscalía federal no contribuye al esclarecimiento de los ataques a balazos perpetrados por policías y narcos confabulados la noche de 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, con saldo de nueve muertos, 25 heridos y 43 jóvenes desaparecidos, dice el organismo cuyo mandato concluye el 30 de abril próximo.
El GIEI “lamenta profundamente esta decisión tomada por una alta instancia del Gobierno mexicano, y especialmente las consecuencias que tiene para todo el proceso que se ha construido sorteando numerosas dificultades", señala el tajante posicionamiento del GIEI.
Los expertos denuncian además acusaciones y señalamientos en su contra "por parte de quienes no están interesados en la verdad en estos últimos meses", lo cual es además una forma de golpear la integridad psicológica de las familias, dijo.
El GIEI señala —finalmente— que “la principal víctima de esta acción es la ruptura de los espacios de diálogo y credibilidad construidos en este año con las instituciones y las víctimas”.
El informe que final que presentarán el 30 de abril, “no será una herramienta para generar más polarización, sino servirá a las transformaciones que México necesita, en el sistema de investigación y lucha contra la impunidad”.
Además de Paz y Paz el GIEI lo integran la colombiana Ángela Buitrago, quien logró la condena de dos generales por la masacre del Palacio de Justicia de Colombia, el chileno Francisco Cox, quien trabajó en el proceso de extradición del dictador Augusto Pinochet a Chile, el colombiano Alejandro Valencia y el español Carlos Martín Beristain, ambos asesores de las comisiones de la Verdad para Ecuador, Paraguay y Perú, mientras Beristain fue además redactor del informe Guatemala Nunca Más.