LONDRES (Sputnik) — "Poseíamos acciones en Blairmore Investment Trust, que vendimos en enero de 2010. Tenían un valor de aproximadamente 30.000 libras esterlinas (unos 42.000 dólares).", dijo Cameron en una entrevista con la cadena ITV.
El diputado laborista y miembro del Comité Parlamentario en asuntos del Tésoro, John Mann, exigió la dimisión del dirigente conservador.
"Cameron ha sido menos que honesto. Debería dimitir inmediatamente", escribió en su cuenta de Twitter.
Cameron has been less than honest. He should resign immediately. Most decent people would expect nothing less. https://t.co/39aLSJnAeK
— John Mann (@JohnMannMP) 7 de abril de 2016
Tom Watson, vice líder del mismo partido, señaló sin embargo que es "prematuro" exigir la renuncia del jefe del gobierno que se ha visto forzado a emitir cinco aclaraciones sobre sus asuntos fiscales desde que trascendió que el nombre de su padre, Ian Cameron, aparece en los 'Papeles de Panamá'.
El responsable laborista en Finanzas, Richard Burgon, denunció la "crisis de moral en centro del Gobierno conservador" e instó a Cameron a comparecer en el Parlamento para "aclarar completamente su situación ".
En la entrevista de televisión Cameron añadió que pagó impuestos por los dividendos y que "hubo beneficios pero eran inferiores al umbral exento por ganancias de capital".
"Así que no pagué impuestos por las ganancias de capital. Pero estaba sujeto a todos los impuestos británicos de forma habitual (…) No tengo nada que esconder", dijo.
Downing Street aclaró después que el matrimonio Cameron adquirió en 1997 acciones en la sociedad offshore por 12.497 libras y las vendió en 2020 por 31.500, con una ganancia de 13.000 libras.
Ian Cameron, fallecido en 2010, es uno de los figurantes de la lista de implicados en el escándalo de los Papeles de Panamá.
En particular, el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés) afirmaron tener acceso a más de 11,5 millones de documentos de la empresa fechados desde 1977 hasta diciembre de 2015.
La misma Mossack Fonseca se negó a confirmar la autenticidad de los datos revelados y calificó de ilegales las acciones de los periodistas.
