En el fondo, el episodio de las escuchas telefónicas sobre la presidenta de la República, Dilma Rousseff, y el expresidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que el propio juez Moro se ocupó de filtrar a la prensa del país el pasado 13 de marzo, ha causado un precedente que preocupa enormemente a la mayoría de los 513 representantes de la Cámara de los Diputados.
"Los mensajes que usted puede enviar a este grupo son desde ahora protegidos con criptografía de punta a punta. Presione para más informaciones", fue el mensaje de Whatsapp que causó conmoción entre los políticos de Brasilia y que, en teoría, solo pretendía demostrar a sus clientes el nuevo nivel de seguridad sobre los 42.000 millones de mensajes que tramita la aplicación por día.
Presuntamente, en el mismo se recogían las cantidades recibidas por cada uno de los políticos gracias a su mediación con los diferentes sectores de la semiestatal Petrobras y que resultaron en sustanciosos contratos para el grupo Odebrecht, un documento que el juez Moro definió como la prueba de los pagos "tal vez lícitos" del grupo Odebrecht a "autoridades con foro privilegiado".
Todo un bombazo para las investigaciones de la Operación Lava Jato que, según muchos, motivará la 28ª fase de la misma en los próximos días y que podría significar un auténtico jarro de agua fría para la política del país apenas unos días antes de la definitiva votación del "impeachment" o moción de censura contra Dilma Rousseff en la Cámara de los Diputados prevista para el próximo 18 de abril.
