BUENOS AIRES (Sputnik) — "Hemos pedido que se solicite toda la documentación sobre el homicidio de Lorca que se encuentra en el Ministerio de Interior de España", indicó Castex a esta agencia.
El escrito fue presentado ante la jueza federal María Servini de Cubría, para que sea integrada en la macrocausa que recayó en su juzgado el 14 de abril de 2010 bajo el principio de jurisdicción universal, y que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos por el franquismo.
El pedido de la ARMH hace referencia a un documento proveniente del Ministerio del Interior español, con fecha 9 de julio de 1965, "en el que figura un relato que acredita de manera fehaciente las circunstancias de la detención y asesinato del poeta".
Ese escrito, proveniente de la 3ª Brigada Regional de Investigación Social de la Jefatura Superior de Policía de la provincia española de Granada (sur), donde fue asesinado el poeta, calificaba a Lorca de socialista y masón.
El documento también explica las circunstancias de la detención del español, que fue arrestado por el Gobierno Civil en casa de unos amigos tras producirse dos allanamientos de su vivienda.
"Se ha podido precisar", indica el documento, que el poeta fue sacado de los calabozos del Gobierno Civil "por fuerzas dependientes del mismo".
Según la Brigada Regional de Policía, Lorca fue llevado en un automóvil junto con otro detenido hasta la localidad granadina de Víznar, donde "fue pasado por las armas" y luego "enterrado en aquel paraje, muy a flor de tierra, en un barranco, en un lugar que se hace muy difícil de localizar".
El poeta fue acusado "de prácticas de homosexualismo, aberración que llegó a ser vox pópuli", aunque el mismo informe admitía que no había antecedentes.
La ARMH solicita por ello a la jueza Servini que envíe una comisión rogatoria para recibir copias certificadas de este documento y de todos los que se refieran al arresto y ejecución de Lorca.
"Habrá que esperar a que el pedido sea resuelto por la magistrada en sentido favorable", afirmó Castex.
En ese caso, la jueza federal enviaría una comisión rogatoria a España, para que a través de un magistrado de ese país se solicite esta información.
El abogado señaló que España debería responder a la comisión rogatoria, "porque está previsto responder a este tipo de requerimientos en el Tratado de Cooperación y Asistencia en materia penal entre Argentina y España".
Servini de Cubría, que instruye esta causa judicial única en el mundo, pidió en 2013 y en 2014 la extradición de un total de 19 altos cargos del Gobierno franquista, incluidos dos exministros, por los delitos de lesa humanidad cometidos por el franquismo, solicitud que España rechaza hasta el momento.
Entre tanto, la jueza también ha solicitado al Gobierno español que la autorizara a viajar a España entre el 4 y el 22 de abril para tomarle declaración indagatoria a los imputados, un pedido que registró el Ministerio de Justicia español el 9 de marzo pero al que todavía no ha dado curso.