Cabe recordar que la petición del abogado de Minas Gerais se basó exactamente en los mismos principios, por lo que la presidenta Dilma Rousseff fue acusada de crimen de responsabilidad fiscal y, por tanto, exigió un proceso idéntico para un vicepresidente que firmó exactamente los mismos decretos que Rousseff.
De hecho, en su breve sentencia el juez Mello explicó que Cunha no habría "atendido con la debida formalidad legal" la petición del abogado, ya que no le corresponde analizar el mérito de las acusaciones, y exigió la apertura inmediata de una Comisión Especial que analice su caso al igual que ocurre en la actualidad con Rousseff.
Según el mismo comunicado, la intervención de los magistrados del Supremo sobre las decisiones llevadas a cabo por la Cámara de los Diputados solamente podría producirse en "situaciones excepcionales cuando se presenten dudas sobre la legalidad o abuso de poder", sin embargo, la anormal situación atravesada por la política en Brasil habría justificado esta intervención de última hora.