El pago a los fondos buitre requiere derogar tres leyes argentinas

BUENOS AIRES (Sputnik) — La iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo reconoce una deuda original de 20.000 millones de dólares con los llamados fondos buitre y consta de 17 artículos con todos los cambios y derogaciones que necesita el Gobierno para pagar a esos acreedores.

En su primer artículo, el proyecto establece la derogación de la Ley Cerrojo, sancionada en 2005, que impide al país extender el proceso de canje de deuda en cese de pagos a los acreedores que no aceptaron la reestructuración de sus bonos en ese año.

Además se deroga la Ley 26.547, de 2009, que suspendía la vigencia de la normativa anterior que permitió reabrir el canje por única vez, para la segunda reestructuración abierta en 2010.

El Poder Ejecutivo también necesita eliminar la Ley 26.886 de 2013, que prohíbe mejorar las condiciones estipuladas en la deuda reestructurada en 2010.

Según los diputados que se oponen al proyecto, la derogación de esta última medida permitiría que los acreedores que ingresaron al canje de 2010, quienes representaban el 70,2 por ciento de la deuda sin reestructurar, demanden judicialmente al país por incumplir esa norma en su detrimento.

También se modifican tres artículos de la Ley de Pago Soberano, promulgada en 2014, que intentó esquivar el fallo de Griesa que bloqueó cualquier pago del país a los bonistas que sí aceptaron los canjes de 2005 y 2010 mientras no se llegara a un acuerdo con los fondos buitre que se negaron a esas reestructuras.

Para eludir el embargo impuesto por el magistrado, la ley modificaba la sede de pago de Nueva York a Argentina o Francia.

El proyecto también exige la modificación de un artículo en la Ley de Presupuesto General de la Administración, que se desentiende de "los límites impuestos por la Ley 26.886", contando con su derogación.

Por último, el proyecto autoriza al Gobierno a emitir deuda por 12.000 millones de dólares para pagar a los fondos buitre, con la emisión de títulos a cinco, 10 y 15 años con tasas de interés del 7,5 por ciento.

Si el Congreso de Argentina aprueba este paquete de medidas, el juez Griesa levantaría el embargo que impide pagar a los demás acreedores que no litigaron.

El magistrado condiciona este gesto a que Argentina pague antes del 14 de abril y en efectivo a los cuatro acreedores principales que encabezaron la causa judicial, que representan el 75 por cierto de la deuda el litigio y con los que el Gobierno de Mauricio Macri llegó a un principio de acuerdo que implica una quita del 25 por ciento.

El juez había sentenciado en 2012 a Argentina a pagar el 100 por ciento de la deuda no reestructurada en manos de los fondos buitre.

En 2014, la Corte Suprema estadounidense rechazó una apelación del país y la causa volvió a Griesa.

Una vez la Cámara de Diputados dé media sanción al proyecto, lo que ocurriría en la madrugada de este miércoles, la iniciativa se trasladará al Senado, donde todavía no está confirmado que el oficialismo cuente con mayoría.

En caso de recibir sanción definitiva, la ley entrará en vigencia el 1 de abril.