BUENOS AIRES (Sputnik) — "La CIDH otorgó la audiencia solicitada por la Defensoría del Público y organizaciones de la sociedad civil", dice el comunicado de la entidad, creada por la propia "ley de medios", como se la conoce en Argentina.
Junto a la Defensoría del Público, instituciones académicas, indígenas y de la sociedad civil solicitaron que la CIDH estudie las reformas que Macri introdujo a la ley aprobada en 2009 durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
La defensora del Público, Cynthia Ottaviano, se reunió en enero con autoridades de la CIDH para solicitar la audiencia que ahora el organismo ha autorizado.
"Hemos podido plantear la ilegitimidad de los decretos de necesidad y urgencia como herramientas para modificar una ley de comunicación que fue debatida y consensuada por todos los poderes de la Argentina, solo resistida por el poder concentrado de la comunicación que hoy vuelve a encontrar privilegios", dijo en enero Ottaviano para justificar su solicitud.
Un decreto de necesidad y urgencia solo puede ser dictado en circunstancias excepcionales, y que luego debe ser ratificado por una de las Cámaras del Congreso Nacional.
El jefe de gabinete, Marcos Peña, declaró por entonces que la desconcentración de medios, una pauta que reconoce la OEA como estándar de libertad de expresión, era un "eufemismo" para "el disciplinamiento" de los medios de comunicación.
El decreto promulgado por Macri amplía la cantidad de licencias que puede tener cada medio, las convierte en transferibles (algo prohibido por la anterior ley) y prorroga las licencias actuales por 10 años más.
La nueva normativa disuelve además la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC) y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) para crear en su lugar el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), único organismo que supervisa las licencias de medios audiovisuales y las telecomunicaciones.
La disolución del AFSCA todavía está por concretarse, pues está vigente una medida cautelar dictada por un juez que de momento tiene paralizada la intervención de ese organismo.
