Según el artículo de Istoé, Amaral habría relatado a la Justicia Federal que la presidenta Rousseff nombró al juez Marcelo Navarro en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la intención de que éste actuase para obstaculizar las investigaciones y facilitar la liberación de los empresarios acusados en la Operación Lava Jato, entre ellos el presidente del consorcio constructor Odebrecht, Marcelo Odebrecht.
En las declaraciones filtradas, el senador del PT explicó que él mismo habría gestionado el nombramiento de Marcelo Navarro en una reunión con Rousseff en el Palacio de la Alvorada, residencia oficial de la presidenta en Brasilia, para, posteriormente, reunirse y discutir la "estrategia" con el propio Navarro en el Palacio de Planalto, sede de la Presidencia de Brasil.
Sobre las presuntas acusaciones al expresidente Lula da Silva, Amaral habría explicado que el líder histórico de PT le "pidió expresamente" gestionar un soborno al exdirector del área Internacional de Petorbras, Nestor Cerveró, para que evitase citar a los altos cargos del PT, entre ellos el propio Lula y Rousseff, en sus declaraciones pactadas con la Justicia Federal sobre la compra de Petrobras de la refinería en Pasadena, Estados Unidos.
A pesar del fuerte impacto de las filtraciones proporcionadas por la revista Istoé, ni Amaral ni ninguno de los miembros del Gobierno o el PT han confirmado la veracidad de las supuestas declaraciones, mientras que el exministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, quien este mismo jueves asumió el liderazgo de la Abogacía General de la Unión (AGU), apuntó que lo publicado "no tiene que ser verdad necesariamente".
Precisamente, el exlíder del PT en el Senado fue detenido en el pasado mes de noviembre acusado de obstaculizar las investigaciones de la Policía Federal en la Operación Lava Jato, unas acusaciones que le valieron una estancia en prisión de 87 días que únicamente finalizó el pasado 19 de febrero, tras aceptar un acuerdo de delación premiada con la Justicia Federal que, en teoría, implicaría un pacto de confidencialidad de sus declaraciones de seis meses.