MADRID (Sputnik) — Bajo el lema "por la supervivencia de 100.000 familias", la Federación Española del Taxi (Fedetaxi), que convocó la marcha y el paro de dos horas, denuncia que la CNMC quiere desregular y privatizar el servicio público del taxi "y entregárselo a lobbies y multinacionales".
En su opinión, estas compañías "pronto se convertirán en un oligopolio que controlará la movilidad urbana y subirá precios a su antojo en un mercado cautivo de sus plataformas".
La CNMV opina que la actuales leyes limitan la entrada y la capacidad de competir de los vehículos de alquiler con conductor (VTC).
También reduce la competencia en el mercado de transporte urbano de viajeros y blinda el régimen de monopolio en los servicios de taxi, frenando la innovación en el sector.
"Estos impedimentos a la libre competencia son especialmente gravosos en el momento actual de innovación acelerada en el sector, que se vería frenada por la norma. Por lo tanto, deben ser eliminadas del marco normativo", según reclamó la CNMC.
Sin embargo, los taxistas argumentan que en esas empresas, los trabajadores que presten servicios "lo harán en condiciones precarias y sin derechos, llevando a la evasión fiscal, la competencia desleal y la violación de las normas españolas en materia de seguridad y consumo".
Además, consideran que el organismo regulador "acusa de monopolio a 70.000 autónomos", cuando las condiciones del servicio y tarifas del servicio del taxi "son públicas y las fijan ayuntamientos y comunidades autónomas en protección de los usuarios".
"Ni existe tal monopolio ni el servicio de taxi se encuentra obsoleto, puesto que el empleo de las nuevas tecnologías en el mismo es absoluto", añaden.
Fedetaxi defiende que la movilidad urbana es un bien público "que no puede ni debe ser privatizado" ni entregado a "empresas que pretenden acumular a la actual sobreoferta de taxis en España flotas de más de 12.000 vehículos", algo que conlleva "un perjuicio medioambiental".
También critican que estas empresas tendrán una comisión de entre un 20 por ciento y un 25 por ciento de las retribuciones de sus trabajadores, "obligándoles a renunciar a sus derechos y convertirse en falsos autónomos y, en definitiva, consolidar un nuevo 'sector refugio' y una nueva clase social sin garantías sociales y económicas".
