"En desarrollo de una brigada humanitaria de inspección en seis departamentos del país, la Defensoría del Pueblo evidenció el grave impacto de la minería ilegal en esas regiones, donde el fenómeno persiste con gran fuerza, no obstante las operaciones de las autoridades, que según cifras del Ministerio de Defensa intervinieron cerca de 2.000 complejos de esa naturaleza durante 2015", señala la Defensoría en un comunicado.
Según el reporte de la Defensoría, la deforestación de bosques naturales y demás ecosistemas en el total de las zonas señaladas asciende a 16.700 hectáreas por año "para el apalancamiento de las minas", lo cual ha llevado al "deterioro de actividades básicas como la pesca y la agricultura, especialmente golpeadas durante el (actual) fenómeno de 'El Niño'".
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A lo anterior, señala el organismo, se le suma la injerencia de los grupos armados ilegales en las zonas, los cuales "generan extorsiones mediante el cobro de tarifas por el volumen de producción y el uso de la maquinaria, sin contar aquellos casos donde las mismas organizaciones criminales patrocinan la explotación para financiar sus acciones delincuenciales".
