“Los delitos que se le imputan no merecen ni una hora de detención en cualquier sistema procesal del mundo que respete las garantías constitucionales. Por lo tanto entendemos que se trata de una presa política. La protesta social pública y pacífica son garantías constitucionales tanto en la Argentina, como en la provincia de Jujuy”, afirma el abogado de Sala, Luiz Paz.
El fiscal de Jujuy, Mariano Miranda, sostuvo anteriormente que la diputada "no está presa por movilizarse", sino "por distintas causas y antecedentes penales". Entre los que destacan “la incitación a la actividad criminal, la violencia y el desorden.”
La actual diputada del Parlasur, instaló semanas atrás un campamento frente a la sede de la gobernación de Jujuy en protesta por medidas que afectan a cooperativas de vivienda creadas por la organización Tupac Amaru y que recibían subsidios gubernamentales.
Su detención ha generado una ola de repudios por parte de políticos, agrupaciones sociales, y dirigentes populares.
A raíz de las protestas, se tomaron medidas de reordenamiento en la distribución de los subsidios a las cooperativas de vivienda, introducidas por Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy. Las agrupaciones sociales que levantaron sus voces en la plaza, perdieron su estatus jurídico.
El arresto de Milagro Sala fue condenado por movimientos sociales argentinos, así como por varias organizaciones internacionales y los parlamentos de Mercosur y de la Unión Europea.