La emergencia económica "busca afianzar todos los esquemas de control que han provocado la situación de crisis que tenemos", dijo a esta agencia el economista Asdrúbal Oliveros, de la consultora Ecoanalítica, quien agregó que el decreto "contiene demasiada discrecionalidad".
El decreto busca "preservar el poder adquisitivo de las personas, de la clase trabajadora, y los derechos de salud, vivienda, educación y alimentación de todos los venezolanos", explicó Giménez en declaraciones recogidas por la televisora oficial Venezolana de Televisión.
El decreto, dado a conocer este viernes, autoriza al Gobierno a "adoptar las medidas necesarias para asegurar el acceso de la población a alimentos, medicinas y bienes de primera necesidad, así como al disfrute de todos sus derechos", al cabo de año y medio de aguda escasez y carestía en alimentos y otros bienes esenciales, incluso medicinas.
Sobre este último punto, el decreto otorga al Gobierno la facultad de exigir a las empresas del sector público y privado incrementar su producción, así como el abastecimiento de ciertos insumos a los centros de producción de alimentos para garantizar las necesidades básicas de la ciudadanía venezolana.
Asimismo, el Ejecutivo podrá obviar los trámites cambiarios establecidos por el Banco Central de Venezuela a los órganos de la administración pública para acelerar y garantizar la importación de bienes o insumos considerados indispensables para el abastecimiento.
El vicepresidente para el área económica, Luis Salas, encargado de dar a conocer el contenido del decreto, dijo que quería "transmitir tranquilidad de parte de un Gobierno que va a proteger al pueblo en esta coyuntura difícil y para construir una Venezuela productiva e incluyente".
Parlamentarios de oposición como el economista José Guerra ya adelantaron que el decreto "no contiene medidas para resolver la crisis" y el ex candidato presidencial opositor Henrique Capriles lo calificó como "un frasco de veneno".
El decreto, que debe ser aprobado por la Asamblea Nacional, prevé que el estado de emergencia económica dure 60 días, prorrogables por otros 60 días.