Agentes de Interpol México, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC México), ejecutaron una acción en el interior del principal penal de alta seguridad del cual se fugó el capo y donde ha sido recluido de nuevo “como parte del procedimiento de extradición de Joaquín Guzmán Loera”, indica un comunicado emitido la noche del domingo.
El procedimiento se realizó en ese penal denominado oficialmente Centro Federal de Readaptación Social Número 1, en el altiplano central del país, para cumplir “dos órdenes de detención formal con fines de extradición en contra de Joaquín Guzmán Loera”, indica la PGR.
Una vez desahogada la parte probatoria del procedimiento de extradición, los jueces emitirán una opinión jurídica y posteriormente se turnarán los expedientes a la secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno de Enrique Peña, para que “emita los acuerdos correspondientes”.
Los abogados del jefe del Cartel de Sinaloa también denominado del Pacífico, “tiene la posibilidad de recurrir al Juicio de Amparo, en contra de los acuerdos que emita la Cancillería”, de manera que el proceso podría demorar hasta un año, dijo este lunes un alto cargo de la PGR.
Dos cortes de EEUU habían presentado a México solicitudes de extradición en 2015, una de California antes de la fuga; y otra de Texas, posterior al espectacular escape, dijo este lunes en entrevista con el noticiario nacional de Radio Imagen, el director General de Procedimientos Internacionales de la PGR, José Manuel Merino Madrid, quien estimó que el proceso podría durar “alrededor de un año, como mínimo”.
Un largo proceso
La Corte del Distrito Sur de California había reclamado al Chapo el 16 de junio de 2015 por “asociación delictuosa para distribuir cocaína”, días antes de la fuga por un túnel que penetró el principal penal de alta seguridad de México el 11 de julio del año pasado.
La segunda petición formal de EEUU fue entregada el 31 de agosto, por una corte federal del Distrito Oeste de Texas que lo acusa de “delincuencia organizada, homicidio y posesión de armas de fuego”.
Las peticiones formales de extradición fueron presentadas por el gobierno de Barack Obama y el gobierno mexicano inició el análisis de estas solicitudes, el 25 de junio y 3 de septiembre de 2015, ante lo cual la Cancillería “determinó que las peticiones formales reunían los requisitos del Tratado bilateral de extradición”.
Después del análisis, el 29 de julio de 2015 y 18 de septiembre de 2015 se promovió ante jueces federales de procesos penales en el Distrito Federal, quienes otorgaron las órdenes de detención con fines de extradición internacional que han sido cumplidas en el penal.
Con la recaptura de Guzmán se ha dado inicio a los procedimientos de extradición, y los abogados del Chapo cuentan con tres días para oponer excepciones, 20 días más para probarlas, y “este último plazo podrá ser extendido”, de acuerdo con un reporte de le PGR emitido el fin de semana.
Si la Cancillería mexicana emite un acuerdo concediendo su extradición, el Chapo tiene derecho a interponer un Juicio de Amparo en contra de dicha determinación, en un juzgado de distrito y en el Tribunal Colegiado de Circuito; y se confirmar la negativa de esos juicios de amparo, se podrá materializar la entrega en extradición de Guzmán.
El Chapo había sido detenido el 22 de febrero de 2014 en el puerto turístico de Mazatán, estado de Sinaloa, en las costas del Océano Pacífico, trece años después de fugarse por primera vez oculto en un carro de ropa sucia de la prisión de máxima seguridad del estado de Jalisco (centrooeste), en el año 2001, cuando pasó a integrar la lista de los hombres más buscados de EEUU, después de Osama Bin Laden.