Es la primera vez que se juzga a un miembro de la Casa Real española.
El juicio más mediático de este año en España ha empezado con diez minutos de retraso y rodeado de grandes medidas de seguridad.
El matrimonio Urdangarin llegó al juzgado de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, en las islas Baleares, poco después de las 8 de la mañana.
El conocido como caso Nóos, una entidad sin ánimo de lucro que dirigían Urdangarin y su socio Diego Torres, obtuvo más de seis millones de euros del erario público para organizar jornadas de turismo y deportes, pero solo destinó 1,6 millones a este objetivo.
El supuesto saqueo a las arcas públicas se llevó a cabo, fundamentalmente, en Baleares y en la Comunidad Valenciana, dos regiones controladas por el Partido Popular de Mariano Rajoy.
En los primeros días el juicio tratará las cuestiones previas, cuyo principal punto será conocer si se aplica la llamada "doctrina Botín" a favor de la infanta Cristina.
Esta doctrina tiene su origen en una resolución del Tribunal Supremo de 2007.
En esta resolución se avaló la decisión de la Audiencia Nacional de limitar la acción de las acusaciones particulares y no darles entidad suficiente para pedir la apertura de un juicio oral cuando la Fiscalía y los perjudicados hubieran solicitado el sobreseimiento de la causa.
En el caso de la Infanta, ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Abogacía del Estado han presentado cargos contra ella.
Solo el sindicato de ultraderecha Manos Limpias mantiene la acusación y reclama para ella ocho años de cárcel, al considerarla "cooperadora necesaria" de dos delitos fiscales.
De aceptar el Tribunal la doctrina Botín, la Infanta limitaría su presencia en el proceso a las cuestiones previas.
Esta petición deberá resolverse antes del próximo 9 de febrero, cuanto está previsto que se reanude el juicio con el interrogatorio de todos los acusados.
El tribunal debe decidir las responsabilidades de los 18 imputados, entre los que se encuentran también políticos y financieros.
Se les acusa de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, delitos fiscal, blanqueo, estafa y falsedad.
Urdangarin está acusado de "prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias, blanqueo y dos delitos contra la Hacienda Pública".
Se enfrenta a penas que van de los 19 a los 26 años de cárcel y una multa de 3,5 millones de euros.
En el caso de Cristina de Borbón, la Fiscalía Anticorrupción la acusa de haberse lucrado de parte de más de un millón de euros que percibió de forma irregular la sociedad Aizoon, de la que era copropietaria en el 50 por ciento junto a su marido.
Sin embargo, en el caso de la hermana del monarca, no está previsto que haya penas de prisión.
