“Tuvimos una reunión con el presidente y él se comprometió a priorizar la problemática indígena a nivel nacional”, afirmó Díaz, uno de los rostros más visibles de la lucha de las comunidades aborígenes por recuperar derechos en su territorio.
Díaz, como representante de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) en la provincia de Formosa (norte), acampó este año durante casi 10 meses en una de las principales avenidas de la ciudad de Buenos Aires para reclamar una reunión con la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Tras un primer encuentro en noviembre con el todavía candidato presidencial Mauricio Macri, Díaz levantó el campamento en diciembre, a pocos días de la ceremonia de asunción del mandatario, y el jueves volvió a ser recibido por el ya jefe de Estado.
“Los líderes indígenas de Argentina propondremos una mesa de trabajo que estará conformada por todas las regiones; saldremos a buscar la propuesta en el territorio, y una vez resuelta, volveremos a capital para reunirnos con la Secretaría de Derechos Humanos”, señaló Díaz.
Macri anunció el jueves que las demandas indígenas serán atendidas por ese organismo y no por el Ministerio de Desarrollo Social, al explicar que sus reclamos "no provienen del asistencialismo".
La mesa de trabajo estará integrada por dirigentes “de 24 naciones indígenas” que serán elegidos por sus comunidades, en palabras del representante de los qom.
Una vez conformada esa mesa, se convocará una asamblea para consensuar las políticas que necesitan las distintas poblaciones.
“Después, el Gobierno lo que tiene que hacer es sentarse y estudiar la propuesta indígena, si es factible, para que la resolución pase al Congreso y se apruebe la ley”, sostuvo Díaz.
CAMBIO DE POLÍTICA
El líder indígena indicó que el reclamo más urgente de las comunidades es la seguridad jurídica en sus territorios.
“Eso significa tener la titularidad de las tierras para que no aparezcamos como ocupantes solamente, sino que se reconozca la tierra que ancestralmente habitamos”, explicó.
El asunto crucial del derecho al territorio se relaciona con los atropellos que sufren de empresas madereras o petroleras o las inundaciones que padecen en sus tierras por la realización de obras de infraestructura.
También incorporarán otras demandas relacionadas con la salud, el acceso al agua, la educación y el trabajo.
“El Gobierno anterior hizo muchas leyes, pero no se efectivizan como corresponde porque se ha manipulado el liderazgo indígena”, apuntó Díaz.
El Estado reconoce la existencia de al menos 955.000 personas pertenecientes a más de 30 pueblos originarios, pero no hay un relevamiento oficial de las comunidades que habitan el territorio argentino.
Díaz señaló que los relevamientos territoriales ya los han realizado ellos mismos: “Conocemos dónde habitamos”, repuso.
Solo en Formosa, hay 140.000 aborígenes pertenecientes a cuatro etnias distintas.
Los indígenas también se movilizan para que cese lo que consideran persecución judicial contra varios de sus líderes, que han sido encausados por encabezar protestas y cortes de carreteras o por enfrentarse con fuerzas de seguridad en defensa de sus territorios.
