Esos actos de corrupción entre funcionarios, particulares y proveedores de servicios que cuestan más de 20.000 millones de dólares al año al país latinoamericano ilustran "el tamaño y la complejidad del problema en México", dijo el experto citando estimaciones del organismo independiente en el Día Internacional de los DDHH.
En la lucha por un nuevo sistema federal anticorrupción recién aprobado en el Congreso, "en los pasados tres años, hemos descubierto que daba la impresión de que teníamos el marco jurídico apropiado; pero no es así, hay muchos temas pendientes", dijo el principal responsable del capítulo mexicano de TI.
Un ejemplo reciente ilustra el tema –cita Bohórquez-: esta semana la fiscalía del estado de Nuevo León, un polo industrial al norte del país, ha iniciado procesos contra un centenar de exfuncionarios del Gobierno anterior de Rodrigo Medina (2009-2015), tras el triunfo este año del candidato independiente Jaime Rodríguez, conocido como El Bronco.
"Hay muchas barreras que se han construido para que el Poder Judicial no funcione", lamenta Bohórquez.
A pesar de esos obstáculos, el caso de Nuevo León ilustra que "se debe empezar a hacer efectiva la lucha contra la corrupción y enviar una señal de que se debe procesar a quienes traicionaron la confianza del público, aun sin contar con el marco jurídico apropiado".
La lucha anticorrupción en México "se ha convertido en un arte de expertos, para saber cómo se libra cada caso en cada entidad", porque cada Estado de la federación mexicana ha tenido leyes de transparencia diferente; por ejemplo, con plazos distintos en que prescriben los delitos.
La polémica ayuda internacional
Aún así, hay pocos países con Estados federales con un sistema único anticorrupción: "México es una de las pocas federaciones nacionales que han avanzado en el tema, como Argentina, Brasil, Canadá, EEUU, Alemania y la India", dice el titular de TI.
La intervención internacional que reclaman sectores de la sociedad civil, siguiendo el ejemplo de Guatemala –donde ha sido procesado un Presidente en funciones–, es una frontera que pocos se atreven a cruzar en México.
El juicio en contra del expresidente Otto Pérez, quien renunció al cargo y está encarcelado "es su primer logro trascendente, pero debido a la vinculación de ese modelo con EEUU podría no ser la mejor fórmula para México", argumenta.
"Expertos internacionales ya están trabajando con las autoridades, hay buena cooperación y el reto es de otra magnitud", dice Bohórquez para expresar sus reservas sobre una comisión similar a la CICIG en México.
La ayuda internacional es un concepto muy amplio, argumenta: "México coopera en asistencia técnica a través de Interpol y mecanismos de intercambio de información de inteligencia, con una tradición de respeto recíproco a soberanía de otros países", ataja el directivo de Transparencia.
Un modelo como la CICIG es una discusión en el Congreso y en foros académicos y periodísticos: "en México se debería probar primero con las propias instituciones; y si no funcionan crear una comisión independiente internacional para un caso concreto".
"Pero el equilibrio es muy frágil, es difícil determinar en qué momento valdrá la pena la intervención internacional", puntualiza.
