"Es muy difícil que el PT se fracture y apoye el juicio político contra Rousseff", sostuvo Lodola.
El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, autorizó este miércoles la apertura de un juicio político a la presidenta tras avalar una acusación contra ella por presuntas irregularidades fiscales ocurridas en 2015.
Cunha está acusado por la fiscalía brasileña, junto con otros 52 políticos, de cobrar coimas en torno al escándalo de corrupción que afecta a la empresa estatal Petrobras.
El jefe de Diputados actuó contra Rousseff porque la comisión de ética en Diputados decidió avanzar con el pedido de casación para destituirlo por cuestiones éticas, señaló Lodola.
Esa comisión está conformada por 21 miembros. Cunha controlaba 9, y necesitaba los 3 votos que tenía el PT para obtener mayoría y bloquear la tentativa.
"Cuando las bases del PT anunciaron que iban a votar en contra de Cunha, él amenazó con avanzar con alguno de los 14 pedidos de juicio político que había en el Congreso", indicó el politólogo.
El jefe de Gabinete y ministro de la Presidencia de Brasil, Jaques Wagner, consideró la arremetida de Cunha como un chantaje. Parte del PT avaló esta postura, y no dieron su apoyo para frenar las investigaciones.
Cunha, del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) que forma parte de la coalición gobernante del PT, decidió entonces darle cabida al juicio político contra Rousseff.
Intenciones de juicio político
En un país donde predomina un sistema presidencialista en coalición, el PT tiene la mayor representación parlamentaria en Diputados, con 70 legisladores, seguido del PMDB que posee 66.
"Para que este proceso avance se requieren dos tercios de la Cámara de Diputados. Esto requeriría que se fracture definitivamente la coalición del Gobierno del PT, algo muy difícil, o que parte del PT vote en contra de Dilma", razonó Lodola.
Si el juicio político fuera aprobado en Diputados, la decisión pasaría al Senado, que tendría 180 días para conseguir que dos tercios de sus legisladores continuaran con el proceso. En ese caso, Rousseff quedaría apartada de la presidencia.
"Cunha está amenazando porque su jugada es tirar la idea del juicio político con el fin de generar descontento popular, a ver qué pasa", sostuvo el politólogo.
En el libro Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin America, el especialista en política comparada Aníbal Pérez Liñán, de la Universidad de Pittsburgh, analizó los juicios políticos que se habían realizado sobre presidentes de América Latina.
"Cuando se concreta un juicio político se da como necesario una condición, según Pérez Liñán: la gente en las calles", afirmó Lodola.
Continuidad del Ejecutivo
La gobernabilidad en Brasil, en todo caso, ya está tocada. La mandataria tiene otro frente abierto. En la Cámara de Diputados está en proceso de aprobación un paquete económico que Cunha amenaza con no apoyar.
"Esto podría traer problemas con la Justicia, porque si pasan esas medidas justifican un remanente de 130 millones de reales que no se sabe muy bien donde están, y esto podría desencadenar un proceso de investigación", analizó el argentino.
Dilma Rousseff es en la actualidad una presidenta debilitada, con el agravante de que su mandato debe durar hasta 2019.
El jefe de Gabinete del Gobierno ha anunciado este jueves que recurrirán el juicio político ante el Tribunal Superior de Justicia.
