"Estamos proponiendo lo que denominamos los nuevos principios de la jurisdicción universal con la extensión de este mecanismo no solo en los ámbitos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad clásicos, sino también a una nueva visión en la que otros bienes jurídicos pueden estar en juego y que también afectan a la humanidad como son los delitos económicos y medioambientales", explica a Sputnik Nóvosti Garzón.
El exmagistrado llama a hacer una reflexión "máxime cuando estamos viendo el impacto del cambio climático y de todo lo que conlleva en diferentes ámbitos para los países que están en vías de desarrollo, como es la desigualdad".
"Lo que hemos conseguido hasta ahora, ha sido que se formulen estos principios, hemos iniciado ya el debate universal en distintos ámbitos tanto académicos como jurídicos".
Para el próximo año Garzón y su equipo van "a incidir en este ámbito con publicaciones teóricas que den consistencia a los mismos principios para ir sometiéndolos al debate jurídico en la comunidad internacional".
Garzón está convencido de que "más pronto que tarde este va a ser uno de los temas principales de debate y vamos a conseguir que estas materias queden definidas".
El jurista lamenta que España haya sufrido "una derogación de la legislación, una derivación a través de una nueva ley en 2014 que casi eliminó la jurisdicción universal en el sentido en el que venía aplicándose hasta entonces en España".
Antes se podía seguir con "la persecución de cualquier tipo de delito que entrase dentro de la categoría del genocidio, de crímenes de lesa humanidad, de guerra, con independencia del lugar donde se hubiesen cometido y de la nacionalidad de las víctimas siempre que hubiera imposibilidad de investigar" en otro país.
En el caso de los atentados de París o en el del avión ruso derribado en el Sinaí "o cualquier otro que estuviera ocurriendo no podrían investigarse esos hechos cuando antes si se podían, si no hay víctimas o victimarios en el país o cuando no haya otro procedimiento abierto en otro país", recuerda Garzón.
"Es decir, si Francia está investigando, España no puede investigar, cuando una investigación conjunta puede ser muy efectiva", al igual que otros,mecanismos que avancen en la "cooperación judicial".
