"Hay un riesgo de que (la reforma) se transforme en una mayor centralización en vez de lo contrario: atender la singularidad y potenciar a las distintas comunidades escolares y que no solamente sea una discusión sobre la gestión de los recursos", dijo a Sputnik Nóvosti el diputado de la derechista Unión Democrática Independiente (UDI), Jaime Bellolio, miembro de la Comisión de Educación de la cámara baja.
El proyecto de reforma que estudia la comisión y que fue firmado por la presidenta Michelle Bachelet el 2 de este mes, crea una Dirección Nacional de Educación Pública dependiente del Ministerio de Educación, que será el ente coordinador y supervisor de la Red Estatal de Educación.
Además, se crearán 67 Servicios Locales de Educación Descentralizados, que oficiarán de gestores territoriales y contarán con la capacidad necesaria para administrar los establecimientos; de esta manera, se espera que escuelas primarias y secundarias se liberen de las tareas administrativas y puedan enfocarse en los contenidos educativos.
"Lo que busca este proyecto es asumir de manera descentralizada la administración de las escuelas públicas, dándole mucho más relevancia, participación e incidencia a las comunidades educativas de los distintos territorios", dijo a esta agencia la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Camila Vallejo, militante del Partido Comunista y líder de las protestas estudiantiles de los últimos años por la reforma del sistema educativo.
En el Gobierno "hay una visión de política nacional" educativa, pero esta "tiene que tener una expresión local, territorial, que no dependa de cada Gobierno de turno, sino más bien del grado de participación de las comunidades educativas", abundó Vallejo.
"Por eso nosotros hemos hablado mucho de democratizar la educación pública, para que cumpla con su rol también de democratizar la sociedad", indicó.
El sistema de municipalización de escuelas de Pinochet tendió a agravar las desigualdades, arguye el Gobierno.
El presupuesto que reciben las escuelas depende de las finanzas de cada municipio, pero también de aspectos como la asistencia de los alumnos a clase, lo cual afecta las zonas más deprimidas, que suelen tener ausentismo elevado.
Según Bachelet la implementación del nuevo sistema demorará unos seis años.
Bellolio coincide con el Poder Ejecutivo en que la educación pública "necesita un cambio, una reforma que ponga como foco elevar la calidad de la educación que se imparte en dichas escuelas".
"La pregunta es si esta reforma ataca los problemas esenciales de manera de mejorar la calidad, y yo creo que no está claro que así sea", agregó el diputado.
En su opinión, el proyecto no generará cambios dentro de los centros educativos, ni dará más potestades a las comunidades educativas, pero sí expone la mirada "centralizada" de la educación pública que tiene el Gobierno.
Para Vallejo, los dichos de Bellolio están "totalmente alejados de lo que dice el proyecto de ley".
La iniciativa no tiene "nada que ver con una idea centralista u homogeneizante, sino que busca la descentralización de las distintas realidades territoriales y la diversificación de los proyectos educativos", aseveró Vallejo.
El Ministerio de Educación de Chile sostiene que menos del 40 por ciento de los estudiantes de primaria asisten a escuelas públicas, mientras el promedio de matrícula escolar pública de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que este país integra, era en 2014 de 89 por ciento.
