Una norma que "alberga peligros evidentes para el libre flujo de información de interés público", denuncia la comunidad periodística internacional tras el viaje que el pasado mes de junio realizó a Barcelona y Madrid para evaluar la entonces recién aprobada Ley de Seguridad Pública.
Tras 35 reuniones con medios de comunicación, partidos políticos y la sociedad civil, Martha Steffens, de la Junta Ejecutiva del IPI y líder de la misión, denunció que "las libertades de prensa y de expresión no son cuestiones políticas, sino pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática".
Steffens urgió a los partidos políticos de todas las tendencias a que se impliquen en la protección de estos derechos.
"Pedimos encarecidamente al próximo Gobierno español que tenga en cuenta las críticas relevantes procedentes tanto de España como de la comunidad internacional y que adopte las recomendaciones de este informe", explican en un comunicado en su página web.
El grupo pidió además a los partidos que, de ser elegidos, "implementen la figura del regulador independiente y específico del sector de los medios audiovisuales, mejoren la transparencia en el área de la publicidad institucional y supervisen que cualquier reforma legal sea llevada a cabo con la debida consideración del efecto disuasorio que pueda tener en la libertad de expresión".
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), la Federación Europea de Periodistas (FEP, por sus siglas en inglés) y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI), con sede en Madrid, se unieron al IPI en estas recomendaciones.
Un resumen de la misión, elaborado por el IPI, señaló la sorpresa de la delegación internacional al descubrir la brecha entre el punto de vista del Partido Popular, actualmente en el Gobierno, sobre la situación en España de la libertad de expresión y el de los partidos políticos de la oposición, asociaciones de periodistas, organizaciones de la sociedad civil y observadores internacionales.
La Ley de Seguridad Pública, sin embargo, ha sido ampliamente criticada por sus posibles efectos negativos en la libertad de prensa, además de la PDLI, por parte de todas las principales asociaciones de periodistas de España, el Colegio de Abogados de Madrid, el Consejo General de la Abogacía Española, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, cinco relatores de derechos humanos de la ONU y los principales medios de comunicación internacionales.
En el informe se observa que las justificaciones que se ofrecieron a la misión sobre las controvertidas decisiones políticas del actual Gobierno a menudo servían para ocultar posibles efectos negativos de mayor gravedad para el libre flujo de información.
Otro problema que recoge el informe del IPI es la ambigüedad en la redacción de estas normas y el riesgo que suponen para el ejercicio del periodismo, tal y como alertaba la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso tras su entrada en vigor.
"Esa inseguridad es inaceptable y pone a los periodistas en un limbo jurídico peligroso" denunció Pérez Alonso, citando como ejemplo el caso de las filtraciones, que podrían ser calificadas de delito de terrorismo.
