El juez ordenó el arraigo en prisión por 40 días del alcalde Erik Ulises Ramírez, en respuesta a una solicitud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO, federal), luego de que el fin de semana fue arrestado en compañía del mafioso Adán Zenen Casarrubias, líder del grupo criminal Guerreros Unidos, involucrado en la desaparición de 43 estudiantes, de acuerdo con un comunicado.
El alcalde, quien llegó al cargo por el Partido e la Revolución Democrática (PRD Centroizquierda), fue arrestado junto con otros dos presuntos integrantes esa organización criminal dedicada al narcotráfico y otros delitos.
Uno de los colaboradores municipales arrestado junto al alcalde es Eloy Flores Cantú, quien se presentó como asesor jurídico legislativo del PRD, pero ese partido político opositor lo ha negado.
Tras el pedido del órgano federal antidrogas, el juez federal especializado en arraigos, cateos e intervenciones telefónicas con sede en la Ciudad de México, ordenó retener bajo arresto a los detenidos por fuerzas combinadas de la Defensa Nacional en una casa del estado de Morelos, vecino de Guerrero y la capital.
El narcotraficante arrestado con el alcalde, es el líder sucesor de los mafiosos Guerreros Unidos, hermano de Sidronio Casarrubias, quien está en prisión como uno de los autores intelectuales de la masacre de Ayotzinapa perpetrada el 26 y 27 de septiembre de 2014 por policías y narcotraficantes aliados en la ciudad vecina de Iguala, cuyo alcalde también está en prisión como cerebro del crimen.
Las detenciones ocurren mientras se prepara un nuevo peritaje que se realizará en las próximas semanas, ordenado por la Procuraduría General de México sobre el basurero del pueblo de Cocula, donde —según las primeras conclusiones de la llamada "verdad histórica" federal-, habrían sido incinerados 43 estudiantes desaparecidos.
El nuevo peritaje con expertos de EEUU, Canadá, Alemania, España y México, volverá a indagar sobre la presunta quema de decenas de cuerpos y la trituración de restos lanzados a un río, cerca de un basurero localizado en una quebrada a cielo abierto.
La participación de autoridades antidrogas en el caso de Ayotzinapa ha sido criticada por la CIDH, que considera el caso como un crimen de lesa humanidad, por la participación de autoridades de distintos niveles; y ha solicitado que sea trasladado a un organismo federal encargado de violaciones a los Derechos Humanos.
