Al amparo de la Constitución de 1999 "se han demarcado unos tres millones de hectáreas para decenas de comunidades, pero todavía hay grandes espacios sin demarcar como lo han demandado nuestros pueblos", dijo el diputado nacional José Luis González, líder en la etnia pemón, que habita el sureste fronterizo con Brasil.
"Todavía en la estructura del Estado hay funcionarios que ven en la demarcación un peligro para la indivisibilidad del territorio, como si los indígenas lo fueran a subastar o a desmembrar la República", agregó González, del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas en la Asamblea Nacional.
Pero demarcar territorios correspondió al Ministerio del Ambiente, hoy llamado de Ecosocialismo y Aguas.
"Pueblos como los yukpa (en el occidente fronterizo con Colombia) o los ye"kuana (sur fronterizo con Brasil) quieren un territorio para conservar su cultura y modos de vida, no parcelas de tierras a comunidades separadas", observó el antropólogo Lusbi Portillo, de la indigenista Sociedad Homo et Natura y docente en la occidental Universidad del Zulia.
La demarcación "la necesitamos para sostener derechos por el uso de recursos naturales en nuestros territorios y para que se aprecie que somos guardianes del ambiente, de la Amazonia", señaló Guillermo Arana, dirigente del pueblo uwottyja o piaroa, que habita a orillas del río Orinoco medio, más de 500 kilómetros al sur de Caracas.
El diputado oficialista César Sanguinetti, del pueblo curripaco, colombo-venezolano, observa que la demarcación es compleja cuando se solapan territorios habitados por distintas etnias, como el caso de las 20 que habitan el estado de Amazonas, de 184.000 kilómetros cuadrados y 180.000 habitantes en el extremo sur del país.
Además, "se superponen con los derechos indígenas otras normas sobre ambiente, seguridad, desarrollo y fronteras", argumentó Sanguinetti.
Venezuela, de 30 millones de habitantes, tiene 725.000 indígenas de 42 etnias, según el censo de 2011.
Visibilizados, al fin
Desde 1999 el tema indígena nutrió el discurso político, un ministerio atiende sus demandas de servicios y se multiplicaron actos simbólicos para visibilizar su causa.
"En Europa celebran el 12 de octubre como Día de España, ¿qué celebra España? Es como si se celebrara que Hitler exterminó a seis millones de judíos", cuestionó Maduro.
España celebra la fecha como Día de la Hispanidad, pero para Nicaragua y Venezuela es de la Resistencia Indígena, para Argentina del Respeto a la Diversidad Cultural, en Bolivia es de la Descolonización, en Chile Día del Encuentro de Dos Mundos y para Ecuador el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad.
"El antiguo Día de la Raza expresaba la visión positivista, también compartida por el marxismo, de que los indígenas eran culturas atrasadas cuyo destino era desaparecer, reemplazada por la actual de reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad", apuntó el académico Alexander Luzardo, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela.
La minería acecha
Pero "otro problema acecha, el de la recolonización minera, pues los hábitat indígenas están en áreas de riquezas mineras, hídricas y de biodiversidad", apuntó Luzardo.
Maryaleno Cortés, de la organización Kuyuhani, de los pueblos ye"kuana y yanomami en la cuenca del río Caura (sureste) sostuvo que "mineros ilegales han dañado nuestras tierras y aguas, con su búsqueda de oro que destroza bosques y echa mercurio a los ríos".
Mientras en el noroeste, indígenas y ambientalistas lucharon este año contra la extensión de la minería del carbón sobre tierras de varias etnias y lograron en septiembre una corrección en el decreto que autorizaba la explotación carbonífera en la zona.
"También otros países, como Bolivia y Ecuador, viven el contraste entre un discurso defensor de los pueblos originarios y de la Madre Tierra, y una práctica extractivista en busca de hidrocarburos o intervenciones sobre áreas de reserva", observó Luzardo.
Para afrontar ese desafío, el más reputado antropólogo venezolano, Esteban Emilio Mosonyi, ha propuesto declarar una moratoria minera sobre todas las provincias que son hábitat indígenas.
