El nuevo peritaje con expertos de EEUU, Canadá, Alemania, España y México, ha sido anunciado el jueves por la Fiscalía, luego de que la CIDH consideró imposible la llamada "verdad histórica" federal sobre la quema de decenas de cuerpos y la trituración de restos lanzados a un río, cerca de un basurero localizado en una quebrada a cielo abierto.
Los peritajes basados en las pesquisas del experto José Torero, "son científicos, de alta calidad objetiva en materia de fuego, validado por expertos calificados, ¿por qué no acepta el Gobierno el informe de la CIDH?", interrogó Rosales, asesor jurídico del Centro de DDHH de la Montaña Tlachinollan de Guerrero, sur de México.
El informe de la CIDH, presentado el 6 de septiembre pasado, se basa en la experticia del peruano José Torero, quien ha sido perito en tragedias como los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York en 2001 o el incendio de 2010 en la cárcel de San Miguel en Chile, con más de 80 muertos.
El análisis de expertos en fuego llevó a los especialistas independientes de la CIDH a concluir que “los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula”, según el informe final.
Los nuevos peritos pueden ser “un mecanismo de buena fe para el debido esclarecimiento de los hechos, pero no un procedimiento legal que cuestione y anule completamente el informe de la CIDH, sería unilateral”, abundó el defensor de la familias.
El abogado de las familias dijo que las conclusiones sobre el destino de los estudiantes “no puede partir de testimonios de acusados, porque hay testigos que se contradicen entre sí, incluso algunos lugareños”, abundó.
La CIDH concluye que la quema de cuerpos en el basurero municipal del pueblo vecino de la ciudad de Iguala, donde comenzaron los ataques, no solo no es técnicamente posible, “sino, además, que allí se han encontrado restos humanos que no corresponden a los estudiantes”, denuncia Rosales.
“No hay evidencia que hagan coincidir los restos del basurero con los encontrados en el río; no cerramos la posibilidad que la incineración haya ocurrido en otro lugar, esa hipótesis debe ser objeto de la investigación”, dijo el dirigente del centro humanitario que lleva el nombre del reino aborigen prehispánico de las montañas del sur de México, Tlachinollan.
Rosales acepta la identificación en un laboratorio de Austria de uno de los estudiantes, entre restos humanos calcinados, “pero no sabemos dónde ocurrió la incineración, es lo que se debe investigar, pero el Gobierno se aferra en la hipótesis del basurero”.
Por esa razón “es fundamental que el Ejército aporte los elementos con los cuales cuenta ante los expertos de la CIDH, como institución armada mexicana debe contribuir en el esclarecimiento de los hechos”.
Los abogados de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa “no decimos que los militares son culpables, ni creemos que su testimonio ante los expertos internacionales socave la soberanía de México”.
Sin embargo, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa, rechaza autorizar los testimonios de militares ante la CIDH.
Los investigadores carecen de registros del monitoreo entre las 23.00 del viernes 26 de septiembre del año pasado y la 01.00 del sábado, “y el Ejército puede ayudar a esclarecer qué ocurrió en ese lapso”, argumenta el abogado.
A partir de ese monitoreo, el batallón militar en Iguala envió a efectivos a indagar los hechos y “denota actitudes de omisión de medias no adoptadas para evitar la desaparición forzada de los alumnos”, puntualiza Rosales.
