Una declaración del general Cienfuegos exculpando a los militares con el argumento de "legítima defensa" y la liberación de cuatro militares "busca evitar investigar la institución castrense en la cadena de mando", señaló Padrón, directivo de uno de los más prestigiosos organismos humanitarios del país latinoamericano.
La declaración del líder humanitarios es una respuesta al secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, quien ofreció una entrevista exclusiva a la cadena nacional Televisa para exculpar a ocho militares de un patrulla que —según el alto mando castrense-, actuaron en defensa propia.
"Sin duda alguna es muy relevante que el poder judicial federal haga su trabajo" de impugnar, dijo Padrón al celebrar que la Procuraduría General (PGR) rechace la liberación emitida el lunes de cuatro de los soldados imputados.
Sin embargo, "nosotros como centro de DDHH lamentamos que no se cumplió el debido proceso –lo cual ha permitido la liberación emitida por un juez federal-; eso genera un cuestionamiento frontal a la PGR, al no respetar el derecho de los probables responsables, al no garantizar los derechos de los detenidos", lamentó Padrón.
La acusación a los militares es por la ejecución sumaria de entre 12 y 15 civiles armados que se rindieron, de acuerdo con una investigación de la Comisión Nacional de DDHH (CNDH), además de la manipulación de armas y cuerpos de los 22 fallecidos.
El organismo jesuita de DDHH ha revelado por su parte que hubo una ordenanza militar de mando operativo de salir a "abatir delincuentes en horas de la oscuridad".
La liberación de cuatro militares "ha servido para cometer excesos argumentativos, como afirmar –como lo hace el propio número uno de la Defensa- que se inventaron los hechos de la masacre, eso no tiene sustento legal", subraya el responsable del organismo que también asiste a las familias de otra masacre, la de estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida hace un año.
La CNDH "advierte que hubo ejecución sumaria y arbitraria en Tlatlaya", enfatiza Padrón, al igual que lo hizo una comisión investigadora del Congreso.
"Nuestra respuesta sigue siendo que hubo una ordenanza militar de abatir (delincuentes), hay un documento que no se sustenta en ningún marco jurídico ni legal", deplora Padrón.
Existen críticas de organismos internacionales al "esquema de seguridad pública de corte militarizado, es un modelo que genera violaciones a los DDHH; y México debe transitar a un modelo ciudadano y no militar", puntualiza el líder del organismo jesuita.