La concejalía de Economía del ayuntamiento que preside la juez y activista de izquierdas Manuela Carmena ya argumentó que el consistorio no realizará en los próximos cuatro años ningún proyecto de envergadura y que tampoco dejará de pagar la deuda que arrastra y que asciende a 4.000 millones de euros.
Madrid, con una nota de BBB/A-2, pagaba 120.000 euros anuales a las oficinas de calificación desde 2004.
En la última calificación, sin embargo, S&P bajó la valoración de la capital de "estable" a "negativa".
La semana pasada el departamento de Economía autorizó el pago anticipado de 365 millones de euros, un excedente presupuestario que debían destinar por ley.
Sánchez Mato defendió una "auditoría ciudadana de la deuda" para tener argumentos que lleven a la "suspensión o anulación de la deuda", ante una eventual negociación con acreedores.
Según el concejal, el proceso permitiría "mejorar la transparencia en la gestión de los recursos públicos, procesos de rendición de cuentas, así como el aumento en la eficiencia y eficacia de la gestión del Ayuntamiento de Madrid" y poner en valor el derecho de los ciudadanos a saber y conocer lo que ha ocurrido durante estas dos décadas.
Además, también exigía "depurar responsabilidades políticas y legales" y reorientar los recursos públicos hacia las necesidades sociales.
