"Francisco está comprometido con los problemas más graves del mundo. Es impactante que tenga la valentía de exponer este asunto ante las máximas autoridades de Estados Unidos", dijo Guerrero a esta agencia.
En 1996, su hijo Víctor Saldaño fue condenado a morir con una inyección letal por robar y asesinar de cinco tiros al comerciante Paul Ray King en la ciudad de Plano, en el estado de Texas (sur), junto con un cómplice mexicano que después fue condenado a prisión perpetua.
Saldaño, de 42 años, es hoy el único argentino condenado a muerte en Estados Unidos.
"En noviembre se cumplen 20 años de su detención. Lleva 19 años y medio en el corredor de la muerte, en una cárcel de máxima seguridad (el penal Allan Polunsky, en Texas) que es una tortura", contó su madre desde la provincia argentina de Córdoba (centro).
"Él ha querido suicidarse varias veces y también ha pedido en tres ocasiones que lo ejecuten, porque es inaguantable, no se puede sobrevivir", añadió.
El caso de Saldaño es particular por varias razones: en 2002 su sentencia a muerte fue revocada por la Corte Suprema estadounidense al considerar que el argentino había sufrido discriminación racial, pues la pericia psicológica mencionó durante el juicio su condición de latino como un factor agravante.
Saldaño se convirtió en el único preso con sentencia capital en obtener una declaración de nulidad de la Corte.
Pero Texas volvió a realizar el juicio en 2004 y confirmó la pena capital.
"También este proceso fue injusto. La fiscal volvió a ser la misma, los testigos del primer juicio no se presentaron, solo los carceleros de la prisión", recordó Guerrero.
"Él ya estaba loco, dicen que hasta se masturbó durante el juicio, pero no permitieron que se hablara de su estado psíquico", añadió.
Después de pasar por todas las apelaciones, el expediente del caso está ahora en un juzgado en donde la familia ha solicitado el habeas corpus para que se levante la pena.
"Todavía no nos han respondido. Ellos no tienen plazos, son dueños de todo el tiempo", afirmó la mujer, quien hace tres años que no ve a su hijo, pero confía hacerlo pronto si la prisión le otorga los días de visita.
Víctor permanece aislado desde hace dos décadas en una celda de tres por tres metros, donde tiene el baño.
"No tiene comunicación con otros detenidos, ni con las guardias. La puerta es blindada, le pasan la comida por un buzón. El aislamiento es total", afirmó Guerrero.
Encuentro con el Papa
Lidia Guerrero tuvo un breve encuentro con el Papa el 2 de marzo de 2014. Francisco estaba al tanto del caso de su hijo, y cuando la vio le dijo: "¡Si habré rezado yo por ese cordobesito!".
Ahora está convencida de que el jefe de la iglesia católica intercederá por Saldaño ante el presidente estadounidense Barack Obama, aunque el mandatario solo puede hacer una petición al estado de Texas, que es el que decide en última instancia.
Su hijo, por ahora, sigue sin fecha de ejecución. La "cancillería nos decía que no era conveniente que apuráramos las cosas o que hiciéramos entrevistas porque Texas podía enojarse y apurar la fecha", dijo la madre a Sputnik.
En 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió un proceso contra Estados Unidos por el caso de Saldaño.
Era la primera vez que un ciudadano extranjero conseguía iniciar una causa contra Washington en ese organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
También fue inusual que, durante el proceso, el Departamento de Estado (cancillería estadounidense) acudiera a las audiencias de la CIDH.
En 2014, el Estado argentino se sumó a la denuncia contra Estados Unidos.
El abogado de la familia viajará en octubre a Washington junto con un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores para pedirle a la CIDH que de manera urgente condene al país norteamericano por los errores cometidos en el caso.
Guerrero no pierde la esperanza: "Mi hijo está más muerto que vivo, pero como se ha enterado de que le pedí al Papa que interfiriera por él, está más animado", contó.
Según la organización no gubernamental Deanato Penalti Informativo Center, con sede en Washington, 90 de los 139 extranjeros sentenciados a la pena capital en Estados Unidos son latinoamericanos.
En total, hay más de 3.000 reos esperando su ejecución en prisiones estadounidenses, y Texas es el estado más propenso a cumplir esa condena.
