Venezuela comenzó el 19 de Agosto a cerrar los pasos carreteros en los 2.219 kilómetros de frontera para responder ataques sobre oficiales de su Fuerza Armada y combatir a bandas paramilitares, de narcotraficantes y contrabandistas que llevan a Colombia gasolina y otros bienes que tienen un gigantesco diferencial de precios entre ambas economías.
En 23 municipios de frontera se implantó un estado de excepción, se incrementó la presencia militar y fueron deportados unos 1.500 colombianos que residían allí ilegalmente, en tanto otros 18.000 abandonaron Venezuela por sus propios medios.
La declaración de los mandatarios reconoció la "coexistencia de los modelos políticos, económicos y sociales", adelantados por las fuerzas de izquierda que gobiernan Venezuela y las liberales en el poder en Colombia.
Los respectivos embajadores, llamados a consultas en medio de la confrontación, regresarán inmediatamente a sus sedes, y la declaración cerró con pedidos de "propiciar un clima de respeto dentro de un espíritu de unidad y hermandad".
Ecuador y Uruguay, cuyo presidente Tabaré Vázquez se unió a Correa para facilitar la reunión en Quito, acompañarán los próximos pasos para normalizar la relación, pues tienen las presidencias pro-témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y de la Unión de Naciones Suramericanas.