Después de tres décadas de apertura, muchos sectores clave como la energía, el transporte, la banca o las telecomunicaciones siguen estando en manos de un centenar de grandes empresas estatales con graves problemas de funcionamiento interno.
El plan, revelado en la agencia de noticias Xinhua, prevé que entre capital privado en su accionariado y gestores profesionales en su junta, que compitan en el libre mercado, que se financien por sí solas y que diferencien claramente su función empresarial de la social.
"El Gobierno mejorará la competitividad de las SOEs (empresas estatales, por sus siglas inglesas) y las convertirá en entidades de mercado completamente independientes", señala el escrito publicado en Xinhua.
La prensa local ha informado con anterioridad que Pekín pretende reducir ese centenar de empresas a apenas una cuarentena mediante fusiones.
Las empresas resultantes estarían preparadas para competir en el mercado mundial con más garantías.
China anunció dos años atrás un decidido giro hacia una economía donde las fuerzas del mercado y el sector privado relevasen a las compañías estatales como principal motor, pero muchos expertos y empresarios juzgan que las reformas se desarrollan más lentamente de lo esperado.
Los cambios en las empresas públicas llegan cuando la crisis bursátil ha obligado a Pekín a intervenir fuertemente para frenar su desplome, lo que ha generado dudas sobre el ímpetu de los cambios.
