Vera, miembro de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y fundador de la organización no gubernamental La Alameda, realizó su denuncia contra el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) que encabeza la fiscal Cristina Caamaño y que funciona en el Ministerio Público y Fiscal – Procuración General de la Nación.
"Entre los motivos que explican por qué se quieren hacer escuchas a miembros de La Alameda destacan las denuncias que hemos hecho por narcotráfico, las de crimen organizado en general, además de la relación fluida que tiene La Alameda con Jorge Bergoglio (el papa Francisco)", dijo a Sputnik Nóvosti el integrante de la fundación, Lucas Manjón.
La Alameda es una fundación que realiza denuncias de explotación laboral, narcotráfico, trabajo infantil, trata de personas y proxenetismo.
El DICOM tiene a su cargo desde julio las escuchas telefónicas que en su día estuvieron en manos de la extinta Secretaría de Inteligencia (SI), reemplazada en marzo por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) mediante una ley que propuso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Según el titular de La Alameda, Gustavo Vera, existiría un documento con el sello oficial de la Procuración, pero sin firma, que "hacía especial hincapié en el espionaje de los celulares, mail, mensajes y whatsapp de los "alamedenses", tal y como consta en la denuncia.
"Pude confirmar que se vertían los nombres y apellidos de mi persona, de los dos letrados (abogados) de la Fundación Alameda (…) y de mis asesores en la legislatura porteña, (así) como de mi asesor en seguridad y empleado asesor de la entonces ministra de Seguridad Nacional, Nilda Garré", señala Vera en su presentación.
Para el diputado, no fue casual que el día en que circuló la hoja con el membrete, el 12 de agosto, fue el de su regreso de un viaje al Vaticano.
Es conocida la amistad entre Vera y Francisco, quien suele apoyar acciones que impulsa La Alameda.
Para sostener sus acusaciones, el legislador presentará como testigo a exmiembro del Ministerio de Seguridad que trabajó para la fiscal Caamaño durante dos años y medio cuando esta se desempeñaba en esa cartera.
A través de información proporcionada por esa fuente, Vera incluye en su denuncia la dirección de tres fincas contiguas, ubicadas en Buenos Aires, en donde funcionarían las presuntas estructuras de espionaje.
"La fuerza de tarea de la doctora Caamaño, de muy reciente formación, está integrada por empleados y funcionarios kirchneristas de la Procuración, y fue 'fortificada' además con distintos militantes de la agrupación La Cámpora provenientes de la ex SI", continúa detallando la denuncia.
"El espionaje ilegal cuenta con una célula de cinco hackers y un grupo operativo de rompe puertas (sic) que no superan los cinco miembros (y) que se dedican al seguimiento de los miembros de La Alameda", añade.
Testigos
A juicio de Manjón, "hay diversos motivos" para este presunto espionaje, como las denuncias por narcotráfico y crimen organizado.
"Desde hace mucho tiempo que sabemos que esta situación se da, pero ahora conseguimos las pruebas y testigos para poder denunciarlo ante la justicia", añadió.
Aunque en la denuncia presentada por Vera solo se cita a uno de ellos, Manjón aseveró que otros informantes se presentarán ante los tribunales bajo la modalidad de identidad protegida cuando La Alameda ratifique su denuncia.
"Son testigos que trabajan en la Procuración General, y policías y gendarmes que estuvieron en el Ministerio Nacional de Seguridad cuando Caamaño trabajaba en este organismo", explicó.
Ministerio Público rechaza denuncia
En el portal fiscales.gob.ar, el Ministerio Público y Fiscal (MPF) rechazó este lunes las acusaciones de Vera, y negó que una dirección que figura en la denuncia como parte de la estructura de espionaje corresponda a una dependencia del organismo.
"El MPF no cuenta con atribuciones legales ni con la capacidad técnica para intervenir comunicaciones por su propia iniciativa", indica el texto.
"Todas las interceptaciones de comunicaciones realizadas con intervención del DICOM, sin excepción de ninguna naturaleza, están respaldadas por la orden de la autoridad judicial y se realizan a través de la empresa de telefonía correspondiente", añade el texto.
El Gobierno de Cristina Fernández resolvió en enero disolver la SI y crear una nueva agencia de inteligencia, la AFI, tras sucesivos escándalos de escuchas ilegales y espionajes.
En la misma reforma, las autoridades decidieron despojar al nuevo órgano de inteligencia de la gestión de las interceptaciones telefónicas, que quedó desde julio en manos del DICOM y en la órbita fiscal.
