"Se desprende que el Gobierno de Nicolás Maduro adoptó una política de persecución que se traduce en la privación intencional y grave de los derechos humanos de los colombianos que se encontraban, y aún se encuentran, asentados en su territorio nacional", señala la Procuraduría en un comunicado difundido este miércoles.
Desde que se originó el conflicto con el cierre de la frontera entre los dos países el 20 de este mes, Ordóñez ha calificado de "ataque sistemático" las deportaciones de colombianos llevadas a cabo por Caracas, las cuales, sostiene, se han dado de manera arbitraria, pese a que algunos de los expulsados contaban con el estatuto de refugiados.
Para Ordóñez, se trata de una "campaña de estigmatización" basada en la "xenofobia" del Gobierno venezolano contra los colombianos.
La Procuraduría solicitó el apoyo de la CIDH para proteger los derechos humanos de esas personas, así como su integridad y libertad personal, y para que se vele por las garantías judiciales, la protección a la familia, los derechos de los niños, la propiedad privada, y la circulación y residencia de los colombianos en la zona fronteriza.
En la solicitud a la CIDH, Ordóñez presentó los testimonios de colombianos que han debido abandonar sus casas, así como también registros en vídeo en los que se observa a las autoridades venezolanas en el proceso de demolición de viviendas.
Al menos 10.000 colombianos han retornado a su país desde que el Gobierno de Maduro decretó estado de excepción en el fronterizo estado venezolano de Táchira (noroeste) para combatir al contrabando, según datos de la Organización de las Naciones Unidas.