Por lo tanto, "no hay impedimentos de naturaleza legal de ninguna manera", precisó el profesor.
El proceso se podría demorar unos 9 meses como máximo.
Dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional la oposición boliviana busca alternativas para hacer frente a esta reforma.
Según la Agencia ANF, el diputado de oposición Horacio Poppe presentó este martes un proyecto de ley con el fin de levantar la obligatoriedad del voto ciudadano, en respuesta al pedido de organizaciones afines al MAS que buscan la apertura de la Constitución Política del Estado (CPE) para permitir a Morales presentarse como candidato a una nueva elección.
El legislador explicó que su propuesta, que busca la modificación del artículo 26 de la CPE, acepta el desafío de ir a una nueva elección donde se postule Morales, pero con la salvedad de permitir a la población definir si quiere ir o no a las urnas y "como sucede en otros Estados, anular una elección donde más del 50 por ciento de la población se abstenga de votar", dijo a ANF.
"Es predecible que la oposición va a tratar de hacer todo lo que pueda, pero ni así tiene la representatividad suficiente para hacer aprobar algo que vaya en contra de un proyecto político", afirma Pareja a Sputnik Nóvosti.
A diferencia de proyectos de Ley comunes solo los cambios estructurales como la Reforma a la Constitución y la Reforma a la Ley Marco de Autonomía requieren dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.
El proyecto que se presentaría la semana entrante necesita para concretarse que se firmen libros notariados por al menos 20 por ciento del Patrón Electoral avalado por el Tribunal Supremo Electoral que los audita.
Ya en manos de la Asamblea, el proyecto es analizado por la Comisión de Constitución, que tras elaborar un proyecto lo lleva a la plenaria.
Esta instancia pasa a actuar como una Asamblea Constituyente, cuyos resultados son luego enviados al Tribunal Constitucional, instancia que tiene un plazo de 90 días para darla a conocer.
Tras este periodo, la Ley de Reforma Constitucional pasa a la Asamblea en primera instancia y luego al Poder Ejecutivo, que la promulga.
El Tribunal Supremo Electoral de inmediato está facultado a convocar un referéndum vinculante.