Previamente, la presidenta Dilma Rousseff había aprobado una petición del gobernador del estado, Reinaldo Azambuja, después de que este considerase que el conflicto había alcanzado "grandes dimensiones" tras la muerte del líder indígena del pueblo guaraní-kaiowá, Simiao Vilhalva, durante un ataque de granjeros locales a las tierras ocupadas por la comunidad Ñanderú Marangatú en el municipio de Antonio Joao.
En concreto, y según lo estipulado por el Gabinete de Seguridad Institucional(GSI) el despliegue se mantendrá por al menos 30 días y aunque en principio solamente será secundado por tropas del Ejército de Tierra bajo las órdenes del Comando Militar del Oeste(CMO) aunque no se descarta la participación de los sectores de Aviación y Marina si fuese necesario.
Según informó este martes el Ministerio de Defensa, el conflicto en la región, situada en la región con Paraguay y a unos 402 kilometros de la capital del estado, Campo Grande, se había visto fuertemente agrabado frente a la determinación de las comunidades indígenas de permanecer en las tierras que el gobierno mantiene en espera para su demarcación como territorio indígena desde 2005.
En declaraciones a Sputnik Nóvosti, la asesora de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Brasil, Fátima Mello, denunció la "impunidad" ante las agresiones a los indígenas y la "connivencia" en cuanto a los intereses de los grandes propietarios de tierras de la región, las autoridades locales y los sectores del agronegocio presentes en el Congreso Nacional que estarían dificultando los presuntos abusos sobre las comunidades indígenas de la región.
"Resulta evidente el interés de determinados sectores del gobierno de Brasil que impiden la aplicación de la Constitución de 1988 sobre los derechos indígenas en el país así como el desarrollo de políticas de desarrollo agrario que benefician a las grandes transnacionales con la colaboración de los grandes y medianos propietarios de tierras del interior del país", recordó la activista en referencia a la poderosa "bancada ruralista" vinculada a las multinacionales del agronegocio en el Congreso Nacional.
Cabe recordar que la región de Mato Grosso, en el Centro-Oeste de Brasil, se ha constituido gracias al aumento de la superficie cultivable en la principal productora de soja del país con una producción récord en la cosecha de 2015 de 6,890 millones de toneladas, una extensión que Amnistía Internacional señala como principal motivo del aumento de conflictos violentos entre terratenientes e indígenas en los últimos años.
