En concreto, la polémica resolución reinstaló el uso opcional del pasamontañas entre los agentes del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), Batallón de Acción Canino (BAC), el Grupo Aeromóvil (GAM) y los miembros del Batallón de Choque de la Policía Militar para el control de disturbios civiles, manifestaciones violentas y grandes eventos.
En un comunicado oficial, Amnistía Internacional Brasil condenó la aprobación de la medida recordando que la misma fue prohibida en 1995 debido al "historial de violaciones de los derechos humanos por parte de los policías en el ejercicio de sus funciones" y añadió que los mismos suponen "un obstáculo a la hora de identificar y responsabilizar por sus actos a los policías violentos".
Esta misma posición fue defendida por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (ALERJ), Marcelo Freixo, quien sutilmente relacionó la aprobación de la resolución en un momento de repunte de la violencia en los suburbios de la ciudad a apenas 300 días de los Juegos Olímpicos de Río 2016.
"Es muy extraño que el permiso para usar el pasamontañas se produzca en un momento como este", dijo Freixo mientras que recordó que un fotógrafo del diario brasileño "Extra" recibió amenazas de muerte por registrar un policía del Batallón de Choque de Río de Janeiro utilizando el pasamontañas en las favelas del Complejo de Alemao durante una operación.
En declaraciones a Sputnik Nóvosti, la editora jefe del periódico comunitario del Complejo do Alemao, Viviane Ribeiro, aseguró que la legalización del pasamontañas entre los agentes supone "un símbolo que marca el inicio de un exterminio, deliberado y anónimo" y el "reforzamiento de quienes dictan las leyes que encubren, generan odio en la sociedad e incitan a un clima de guerra".
En su opinión, la proximidad de Río 2016 así como otros grandes eventos habría provocado que "la élite del poder en busca de beneficios especulativos, financieros y empresariales realice leyes que ignoran los derechos humanos, violan los derechos de quienes residen en las favelas y que no atacan a los grandes financiados del crimen organizado que se encuentran lejos de las comunidades carentes, oprimidas y masacradas".
En este sentido, el pasado 3 de agosto un informe de Amnistía Internacional Brasil desveló que el número de homicidios perpetrados por agentes de la Policía Militar de Río de Janeiro registró un aumento del 39 por ciento entre 2013 y 2014, fecha del inicio de los grandes eventos deportivos (Copa de las Confederaciones y Mundial de Fútbol), acumulando un total de 813 agentes denunciados por asesinato ante el Ministerio Público de la ciudad.
En total, el informe "Usted mató a mi hijo" constató un total de 8.500 asesinatos a manos de la Policía Militar de Río de Janeiro entre 2005 y 2014, una cifra escalofriante que la asesora de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, Renata Neder, calificó como "incompatible con los valores olímpicos de un ciudad que pretende servir de sede en la mayor competición deportiva del mundo".