El TCU, responsable de vigilar las cuentas del Estado, ya pidió en junio explicaciones al Gobierno sobre las maniobras que habría llevado a cabo el año pasado para atrasar pagos sin registrarlos como deudas y usar a los bancos públicos para cubrir el agujero, lo que en Brasil se conoce como "pedaladas fiscales".
El Ejecutivo del Partido de los Trabajadores (PT) respondió entonces que ese tipo de maniobras se realizan desde hace años y que no las considera ilegales, pero ahora el TCU ha señalado nuevas anomalías; como un gasto extra del Ministerio de Trabajo por valor de 9,2 millones de reales (alrededor 2.600 millones de dólares) y préstamos que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) hizo a grandes empresas.
El TCU ha accedido a dar a Rousseff estos quince días extra después de que lo pidiera la comisión de Medio Ambiente del Senado, institución que en los últimos días está apaciguando la crisis política que atraviesa el país.
Su presidente, Renan Calheiros, presentó esta semana la llamada "Agenda Brasil", con varias propuestas para sacar a Brasil de la crisis que fueron vistas con muy buenos ojos por Rousseff, deseosa de ver cualquier iniciativa que acerque posiciones entre el poder ejecutivo y el legislativo.
Los quince días extra también son relevantes porque así Rousseff gana tiempo, ya que desde el Gobierno había temores de que el TCU publicara un dictamen negativo sobre las cuentas de 2014 justo ahora, con la popularidad de la presidenta en caída libre, una grave crisis política y crecientes amenazas de "impeachment".
Para los que defienden la salida de Rousseff la valoración que haga el TCU es fundamental, porque en caso de que diera un parecer contrario a las cuentas de 2014 y de que éstas fueran rechazadas en el Congreso Nacional habría por primera vez una base legal para el "impeachment".
