"Al no haber entendimiento entre ambas partes, el Estado ha optado por mantener una política de represión tratando de generar la criminalización de todas las reivindicaciones políticas que plantean el tema de la autonomía", explicó Curipán, cuya comunidad está situada en la región de la Araucanía, en el centro-sur del país.
El pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de ese país con 1,44 millones de personas, reclama autonomía territorial y política como "solución definitiva a sus condiciones de pobreza, de sometimiento político y de desarticulación de sus organizaciones tradicionales", explicó Curipán.
Los reclamos comprenden la restitución de tierras, una mayor protección para sus territorios, poder decidir sobre la explotación de recursos naturales y el respeto de su idioma y costumbres, reclamos que se extienden al resto de comunidades nativas.
"No podemos seguir patrocinando la política asistencialista del Estado porque nos ha sometido, nos ha hecho perder la cultura, el idioma, y eso no se puede seguir sosteniendo", lamentó el líder indígena.
PRESOS POLÍTICOS
El mapuche Cristián Levinao, que se autodefine como preso político, se fugó en julio del Centro de Estudio y Trabajo de la Gendarmería (CET) donde estaba internado, y la semana pasada se declaró en clandestinidad a través de un vídeo alegando su inocencia de los cargos que se le imputan.
Además de Levinao, quien denunció la "reiterada persecución del Estado chileno contra todo el movimiento mapuche y los tratos vejatorios recibidos (de) la gendarmería" durante su "prolongada prisión política", la comunidad de Rankilko estima que hay unos 25 reclusos mapuches por razones políticas.
"Se aplica la ley antiterrorista y otras legislaciones represivas para contener el avance político de las causas mapuches", insistió Curipán.
La ley a la que hizo referencia fue aprobada por la dictadura de Augusto Pinochet en 1984 para penalizar protestas del pueblo mapuche. En varias ocasiones organismos especializados de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos han recomendado a Chile que deje de aplicarla.
BACHELET NO CUMPLE CON SUS COMPROMISOS
En plena campaña electoral de 2013, la presidenta Michelle Bachelet dijo que en los 100 primeros días de su Gobierno se concretaría la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas y la agenda para el desarrollo de los pueblos originarios, que incorporaría medidas en educación, salud, tierras y desarrollo productivo, según publicó el diario La Tercera.
Sin embargo, estas iniciativas fueron aplazadas unos días antes de que se cumpliera el plazo, ya que el Gobierno debía realizar una consulta previa para definir el contenido de las propuestas, tal y como dispone el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por el Estado chileno.
Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social sostiene que los proyectos se encuentran en la quinta y última etapa, correspondiente a la redacción final.
La forma en la que se llevó adelante ese proceso de consulta "no fue adecuada", puesto que "no hubo representatividad suficiente de los pueblos indígenas", dijo a Sputnik Nóvosti el integrante del Observatorio Ciudadano, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, Hernando Silva.
Las propuestas del Poder Ejecutivo surgieron de forma unilateral, "sin participación del pueblo indígena" y el Estado "ha tratado de imponer un modelo de desarrollo indígena sin considerar la opinión de estos pueblos", añadió Silva.
"No existen cuotas diferenciadas para la participación política en el Congreso, no hay un reconocimiento de espacios de participación que permitan, valga la redundancia, la participación efectiva de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que les afectan", manifestó Silva.
Según el censo de 2012, en una población de 16,6 millones de habitantes, 11% (1,7 millones) se declaran pertenecientes a algún pueblo indígena, y la etnia más numerosa es la mapuche, que constituye 84% del total (1,44 millones).
Los pueblos del norte, aymaras, likan antai, quechuas, collas y diaguitas, constituyen 10,6%, con unas 182.000 personas, y la etnia rapanui, que desciende de pueblos llegados de la Polinesia a la Isla de Pascua, suma 0,46%, con algo más de 7.800 personas.
