Kanoore Edul tenía estrechos vínculos con la familia de Carlos Menem, presidente de Argentina cuando se cometió el atentado, el 18 de julio de 1994.
Menem es el principal imputado en esta causa como determinador del delito de encubrimiento, autor penalmente responsable de abuso de autoridad y de falsedad ideológica e instigador de ocultamiento y sustracción de medios de prueba.
El mandatario, a través de su hermano Munir Menem, habría ordenado el encubrimiento, que llevaron a cabo una serie de altos funcionarios de la justicia, el ministerio público, el aparato de Inteligencia del Estado y la policía federal, según explicaron los fiscales en la audiencia transmitida por el sitio web del Centro de Información Judicial.
Las pistas contra Kanoore Edul indicaban que había mantenido conversaciones telefónicas con quien entregó la camioneta en la que se cargaron los explosivos, Carlos Telleldín, y que tenía entre sus contactos al entonces agregado cultural de la embajada de Irán, Moshen Rabbani, sobre quien pende un pedido de captura internacional por el crimen.
El juez Juan José Galeano había ordenado inicialmente allanamientos a las tres propiedades de Kanoore Edul y la intervención de sus teléfonos. Pero solo se inspeccionó un domicilio, y nueve horas después de que se le advirtiera de la inspección mediante llamada telefónica.
Todo rastro de la posible conexión de Kanoore Edul con el atentado quedó borrado de la causa, expusieron este jueves los acusadores.
Las ocho horas de la audiencia se dedicaron enteramente a la lectura de las acusaciones formuladas por la fiscalía y seis partes querellantes: cuatro agrupaciones de familiares de las 86 víctimas, los policías bonaerenses que fueron injustamente presos por el crimen y la AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).
El expresidente Menem no se presentó a la audiencia. Tampoco lo hizo quien fuera su jefe de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, acusado como partícipe primario de encubrimiento y coautor de abuso de autoridad y de falsedad ideológica, en concurso ideal con encubrimiento.
El resto de las 13 personas acusadas sí estaban presentes. La más relevante es el destituido juez Galeano, imputado por haber interrumpido y desviado el trámite de la pesquisa para evitar inculpar a Kanoore Edul.
Sin embargo, Borda pidió no descartar la consideración de los delitos como crímenes de derechos humanos, tanto por la gravedad del atentado encubierto, como por las repercusiones que su impunidad ha generado a lo largo de los años.
El 18 de julio de 1994 una camioneta Traffic con cientos de kilos del explosivo amonal impactó contra el edificio de la AMIA, causando una explosión que lo demolió desde sus cimientos, mató a 86 personas y dejó cientos de heridos.
Las audiencias del proceso por la desviación de las investigaciones continuarán en Buenos Aires la semana próxima.