"Las autoridades venezolanas han abusado, de forma recurrente, de sus facultades para limitar la libre expresión, y eso impide un debate abierto y democrático", dijo el director ejecutivo de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, quien advirtió que esto es "especialmente importante de cara a las elecciones legislativas que se realizarán en diciembre".
El 6 de diciembre se celebrarán los comicios para renovar los 167 escaños de la Asamblea Nacional (Parlamento).
"El Gobierno de Venezuela utiliza el sistema de justicia como una fachada, pero la realidad es que los jueces y fiscales venezolanos se han convertido en soldados obedientes", sostuvo Vivanco.
El Código Penal venezolano establece penas de prisión de hasta cinco años para toda persona que cause "pánico" o "zozobra" en la población difundiendo "información falsa", señala el comunicado.
También se castiga con hasta cuatro años de prisión a quienes publiquen información que "hubiere imputado a algún individuo un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio o al odio público", o que ofenda su honor o reputación, agrega el texto.
Entre los casos documentados por HRW se encuentra el de un médico "amenazado con la posibilidad de un proceso penal" por criticar en la televisión la escasez de medicamentos.
También el de un ingeniero, detenido luego que un periódico local publicara declaraciones suyas en las que criticaba las políticas que regulan el acceso al suministro eléctrico, y el de una clarividente "diagnosticada con trastornos psicológicos", que fue detenida y procesada por escribir en su cuenta de Twitter, que "morirá la dictadura en Venezuela".
"Si bien la mayoría de los detenidos han sido liberados condicionalmente, los cargos penales y las investigaciones se mantienen vigentes", informa el comunicado.
HRW, fundada en 1978, publica más de un centenar de informes anuales sobre la situación de los derechos humanos en unos 90 países.
