El proyecto de Ley Nacional contra la Discriminación recoge insumos de unas 20 iniciativas presentadas por legisladores de todos los bloques políticos que integran la Cámara de Diputados.
Más allá de si la ley tiene "buenas intenciones" puede derivar en casos de censura" dijo este miércoles a Sputnik Nóvosti el periodista Sebastián Lacunza, director del periódico Buenos Aires Herald.
"El proyecto, más allá de si denota buenas intenciones, incurre en espacios legales difusos, y justamente en temas de libertad de expresión no hay que dar lugar a lugares legislativos vagos, que pueden caer, de acuerdo a quién los use, en casos de censura", explicó Lacunza.
Un amplio catálogo de libertades
Según el texto de ese artículo, "será considerado contenido discriminador aquellos mensajes publicados en las plataformas de contenidos producidos por los usuarios que menoscaben o insulten a las personas o grupo de personas o asociaciones, motivadas en la falsa noción de raza, así como en las nociones de etnia, nacionalidad, lengua, idioma o variedad lingüística".
Finalmente, también será considerado contenido discriminador aquel que menoscabe a las personas por su "lugar de residencia, caracteres físicos, características genéticas, capacidad psicofísica y condiciones de salud, posición económica o condición social, hábitos personales o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o preferencia", señala la norma.
Reformarán ley de 1988
Para Lacunza es "razonable" que se inste a los medios a ser "activos en desalentar la discriminación", ya que buena parte de los comentarios de los lectores de los medios informativos "son realmente tóxicos, vulgares (e) insultantes".
Sin embargo alertó respecto a que se les exija que tomen recaudos "para que determinadas opiniones no se difundan".
"¿Quién tiene autoridad para determinar qué es discriminación?", inquirió.
Consultada por Sputnik Nóvosti, la diputada oficialista Diana Conti se limitó a señalar que será la Institución Nacional contra la Discriminación (Inadi) la encargada de determinar cuándo se está incurriendo en un acto discriminatorio.
Si bien este punto no está en el proyecto de ley, Conti adelantó que el Inadi realizará "una suerte de conciliación entre quien se siente ofendido y el ofensor".
Preservar la libertad de expresión
"Para cualquier otro tipo de reclamo económico o punitorio, se encargará el Poder Judicial", tal como prevé la legislación vigente, aseveró.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización no gubernamental que hace más de 30 años trabaja en la promoción y defensa de los Derechos Humanos en Argentina, también hizo observaciones.
En un comunicado emitido el 22 de julio, la organización advirtió respecto a que la ley presenta "posibles incompatibilidades en materia de libertad de expresión" en relación a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre "la vaguedad en los términos de algunas definiciones".
El texto, que ya fue aprobado por las comisiones de Derechos Humanos y Garantías, por el de Legislación Penal y por el de Justicia, espera el visto bueno de la Comisión de Legislación General para luego ser discutido en el plenario.
