El diputado Vadim Soloviov, que encabeza el departamento legal del partido comunista KPRF, atribuye la autoría del proyecto al grupo parlamentario de Rusia Unida cuyos miembros propusieron anteriormente ampliar las atribuciones de la policía.
Si cuajan ambas iniciativas, dice Soloviov, "en algo nos pareceremos a la Ucrania de hoy que reprime activamente a los ciudadanos por hablar mal de las autoridades".
Aun así, el parlamentario comunista cree necesario penalizar la "propaganda antirrusa".
Al mismo tiempo, el diputado teme que el partido oficialista dé al tema una lectura demasiado amplia, lo que pondría a los propios comunistas bajo la espada de sanciones drásticas.
"Amparándose en la lucha contra la propaganda antirrusa podrían perseguir en primer término a quienes critican en público las acciones del Gobierno, es decir a los rojos en lugar de los naranjas", dice Soloviov en alusión a los promotores de protestas callejeras como la "revolución naranja" de 2004 en Ucrania.
Para protegerse, los comunistas han decidido redactar un proyecto alternativo que defina claramente el concepto de "propaganda antirrusa". A juicio de Soloviov, podría extenderse por ejemplo a los activistas que denuncian la presencia de militares rusos en Donbás.
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"Hacen pasar sus propios infundios por hechos y luego acusan al Estado ruso de violar la Constitución, algo que merece castigo", señala el parlamentario y agrega que semejante manipulación supone "un primer paso hacia el Maidán".
Los representantes de LDPR no han decidido aún qué pena exigirán por declaraciones contra el Estado, pero sí proponen extender las futuras sanciones a ministros y parlamentarios federales. Estos últimos, por ejemplo, perderían sus escaños, como mínimo.
Judiakov está convencido de que Rusia "es un país democrático donde siempre hay cabida para la crítica, estamos hablando de insinuaciones o evidente traición por parte de algunos conciudadanos", entre los que menciona a los opositores Ilya Ponomariov y Dmitri Gudkov quien "en tiempos difíciles se marcha a EEUU que trata de sofocar a Rusia con sanciones e interviene ante su Congreso".
El subjefe del comité de leyes constitucionales Dmitri Viatkin, de Rusia Unida, no está enterado de la iniciativa de sus coidearios, pero tampoco se atreve a desmentirla porque hay más de 200 diputados en el grupo y "es difícil saber quién hace qué cosa".
Viatkin resalta que en Rusia hay libertad de expresión aunque también existen tabúes como la integridad del país. Un llamamiento público a su alteración puede costar hasta cinco años de cárcel, de acuerdo con una ley propuesta por los comunistas en 2013.
