La Constitución española prohíbe que los Gobiernos autonómicos convoquen referéndums.
El Gobierno catalán optó entonces por organizar una "consulta alternativa" para que los ciudadanos pudiesen expresar su deseo de seguir integrados a España o no, pero al Alto Tribunal impugnó también esta iniciativa.
El Gobierno español, presidido por el conservador Mariano Rajoy, inició acciones legales contra Mas y varios miembros de su Gobierno, lo que llevó a centenares de catalanes a autoinculparse por hacer participado en el referéndum.
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Más de 2,3 millones de catalanes votaron el 9 de noviembre en la consulta de autodeterminación, de los 5,4 que tenían derecho a voto, según el censo de 2010.
Ahora, el tribunal catalán rechaza la autodenuncia que presentó una de las personas que se autoinculparon después de que el tribunal abriese una causa a Mas y dos de sus consejeras.
"La conducta confesada no supone participación en ninguno de los delitos atribuidos" a Mas y a dos miembros del Gobierno regional "que se están investigando en este Tribunal", afirma el TSJC, en referencia a los presuntos "delitos de desobediencia, malversación de fondos públicos y prevaricación".
El auto señala que no tiene "ninguna justificación abrir un proceso penal para comprobar unos hechos que, de ser acreditados, no serían constitutivos de delito".