Según el Ministerio Público Federal (MPF), podría haber ayudado al empresario Marcelo Odebrecht a conseguir sustanciosos contratos para su constructora en varios países de América Latina entre 2011 y 2014.
Por su parte, el Instituto Lula respondió a la acción de la Fiscalía mediante un comunicado oficial en el que se declaró la "sorpresa" por la acción judicial debido a que el mismo ya había entregado "toda la información solicitada por la fiscal Mirella de Carvallo Aguiar", sin embargo, el organismo que representa al expresidente reiteró que "entiende que es parte de las atribución del MPF investigar las denuncias hechas" y que "comprobará la legalidad de todas las actividades del expresidente".
En aquel momento, el Instituto Lula emitió un comunicado en el que desmintió las afirmaciones echas por la revista de claro tinte conservador y recordó que la misma "tiene un amplio historial de portadas y reportaje mentirosos sobre el expresidente Lula y el Partido de los Trabajadores", además insistió en la falsedad de "las alegaciones hechas por algunos periodistas sobre la falta de transparencia de la agenda internacional del expresidente, siempre en defensa de Brasil".