Este régimen, que permite pasar hasta un máximo de 13 días en régimen de incomunicación, ha sido condenado ya seis veces en los últimos cinco años por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no haber investigado de manera adecuada denuncias de tortura en incomunicación.
Sin embargo, AI denuncia que lejos de atender estas advertencias internacionales, en el Proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobado en el Congreso y en estos momentos en tramitación en el Senado, no se contempla su abolición y, sobre todo, ni siquiera se incorpora "expresamente su inaplicación a menores de edad, a pesar de haberse comprometido a ello, según señala en un comunicado.
AI se ha dirigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que ponga fin a este régimen que, hasta el propio Ministerio de Interior ha dicho que no se ha aplicado en lo que va de año 2015 a los "80 presuntos terroristas detenidos".
En España una persona puede pasar hasta un máximo de 13 días en régimen de incomunicación, donde no tiene "derecho a designar un abogado de su elección, ni consultar con aquel asignado de oficio de manera confidencial, ni tener acceso a un médico de su elección, así como comunicar su paradero a la familia o a su consulado en caso de ser extranjero", denuncia la organización.
El pasado mes de mayo el Comité contra la Tortura hizo públicas sus recomendaciones a España. Entre otras, "reiteró la propuesta para que se derogue el régimen de incomunicación, y para que, en caso de que se aplique, se haga con un aumento de las garantías necesarias".
Según Esteban Beltrán, director de AI España, "todas las personas, desde el mismo momento en que son detenidas, deben contar con salvaguardias fundamentales para el cumplimiento de sus derechos".
"Tal y como recuerda el Comité, no debería haber ninguna limitación, aunque sea facultativa, a los derechos del detenido", defendió.
La organización exige que, hasta que no se derogue este régimen, se garantice el derecho a un abogado de su elección y a entrevistarse con él o con el de oficio en privado; a ser examinado por un médico de su elección y a poder notificar a sus familiares dónde se encuentra.
"Además, las autoridades deben garantizar que los exámenes médicos se llevan a cabo de manera diligente, ya que se han detectado deficiencias en los informes forenses, y se deben instalar sistemas de grabación de audio y vídeo en las comisarías, salvo en zonas donde se pueda violar la intimidad o la confidencialidad", señaló Beltrán, según declaraciones que recoge el comunicado.
