Karenzi fue detenido en el aeropuerto de Heathrow el pasado sábado 20 de junio, en virtud de una orden europea que pide su extradición a España para ser juzgado en conexión por cinco graves delitos, incluidos los asesinatos de tres cooperantes y seis misioneros españoles en Ruanda y la República del Congo entre 1994 y 2000.
En la vista preliminar, que tuvo lugar hoy, el juez Quentin Purdy impuso severas condiciones a la puesta en libertad de Karenzi, reclamado por la Audiencia Nacional de Madrid, que ha de fichar diariamente en una comisaría de Londres, estará controlado electrónica y telefónicamente y deberá permanecer en su residencia temporal desde las 20.00 horas hasta las 8 de la mañana de cada jornada.
Purdy exigió además el compromiso verbal y personal de Karenzi de que colaborará con el proceso judicial y no "intentará escapar" a la Justicia británica.
"La reclamación es muy grave, la orden de arresto y entrega es válida y fue emitida por una autoridad competente", observó el magistrado y máxima autoridad de este tribunal especializado en casos de extradición.
La gravedad y dificultad del caso fue evidente antes de que ambas partes esbozaran los puntos centrales de los argumentos que defenderán durante el juicio de extradición, fijado en principio para finales de octubre.
El abogado Mark Summers dirige la defensa con un equipo que incluye a la destacada letrada y jueza, Cherie Booth, esposa de Tony Blair, ex primer ministro de Reino Unido y asesor del presidente de Ruanda Paul Kagame, según afirman los medios británicos.
La reclamación de España fue expuesta por Aaron Watkins, por parte de la Fiscalía británica, quien pidió "cautela" al juez dado el "riesgo" de que el jefe de los servicios secretos de Ruanda se dé a la fuga.
"Hay buenas razones para suponer que un oficial de seguridad de tal alto rango disponga de medios para organizar su viaje, si así lo decide", denunció el abogado.
Watkins también recordó que la detención de Karazi ha sido denunciada públicamente por el Gobierno ruandés, que "no acepta la legitimidad de este proceso": "me permito decir que se sienten indignados", señaló el letrado.
El caso dividió a la comunidad ruandesa de Londres que acudió al Tribunal, unos a presenciar la vista y otros a protestar ante la puerta del edificio, en el norte de la capital británica.
"Vengo a apoyar a Karenzi, su detención es injusta, no es un criminal", declaró a Sputnik Nóvosti la joven Harriet Bucyana, mientras sus colegas ondeaban pancartas denunciando incluso a los españoles de "negar el genocidio" ruandés.
En el medio quedó un puñado de ruandeses convencidos de que la detención del exgeneral "demuestra que nadie está por encima de la Justicia".
Por su parte, el ministro de Justicia ruandés, Johnston Busingye, condenó la acción judicial que llevó a la detención en Londres del jefe de los servicios secretos del país africano como paso previo a la petición de su extradición a España.
En declaraciones a Sputnik Nóvosti, el ministro reiteró que el proceso contra el exgeneral Karake Karanzi “está políticamente motivado, carece de legitimidad y es ilegal”.
“Ruanda es un país soberano y un miembro comprometido con la comunidad internacional. Este es el principio de un viaje para exponer a los denunciantes ante un tribunal de Justicia y no dejaremos ninguna piedra sin remover durante el camino”, advirtió tras la vista preliminar celebrada esta tarde en el Juzgado de Magistrados de Westminster.
“No se juzga al general, este es un juicio contra Ruanda”, denunció el destacado ministro a tres periodistas internacionales.
Busingye expresó en nombre de su Gobierno la satisfacción por la decisión del juez Quentin Purdy, que consintió la libertad condicional del reclamado con una fianza de un millón de libras (más de 1.4 millones de euros), mucho más elevada que las 200.000 libras que en principio ofreció la defensa.
“Estamos contentos de que haya obtenido la libertad bajo fianza. No debería permanecer entre rejas. Vine a Londres buscando su libertad y estoy muy satisfecho con el resultado, aunque la puesta en libertad sea condicional”, dijo el ministro.
El titular de Justicia confirmó que no esperaban que Scotland Yard arrestara a Karenzi durante un “viaje oficial para reunirse con sus homólogos” en Reino Unido.
El ministro no supo explicar por qué se ejecutó la orden con la detención de Karenzi, el pasado día 20, cuando se disponía de salir de Reino Unido, pero aseguró que de ahora en adelante todos andarán “con pies de plomo” si desean viajar a las islas británicas.
De acuerdo con el responsable de Justicia, “Ruanda ha ofrecido a España colaborar en las investigaciones y llegar a una conclusión lógica” sobre los asesinatos de nueve cooperantes y misioneros españoles en su país y en el Congo.
“Nuestras fiscalías colaboran y de momento un caso ha concluido en Ruanda con una sentencia de 20 años en prisión”, recalcó en reivindicación de que los procesos judiciales contra los responsables de estas muertes son competencia de los tribunales ruandeses.
