"La crisis de refugiados que tenemos actualmente tiene que ser un tema prioritario para la UE. Tenemos la obligación humanitaria, como dicen los tratados, de hacer algo. Si no se hace nada, Europa tendrá una responsabilidad con el futuro", asegura Blanco a esta agencia.
"En esta cumbre tendrán un papel principal las cuotas de asilo y refugio propuestas por la Unión Europea. Aún no siendo lo ideal, es lo más prioritario", asegura la que también fue presidenta la organización no gubernamental Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Según esas cuotas, España debería acoger algo menos de 1.600 refugiados de los 20.000 que llegarán a Europa, es decir, un 9,1% de los que se reubicarán dentro del continente.
Posteriormente, la cifra que corresponde a España podría aumentar a 4.120 con nuevas llegadas, sin embargo, seguiría por debajo de gran parte de sus vecinos europeos.
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"España intentará evitar estas cuotas hasta el final, pero es imposible que no acepte. Es la única salida en este momento", apunta Blanco.
En Ejecutivo conservador español mostró en numerosas ocasiones su disconformidad con estas cuotas, que considera "injustas y desproporcionadas" para España, en palabras del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, fundamentalmente por la elevada tasa de paro que arrastra España.
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La diputada considera que el Gobierno de Rajoy "no estaría a la altura de las circunstancias" si continúa rechazando estas cuotas.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró este jueves en una entrevista en la Cadena Ser, que se oponen al plan porque "se puede generar un "efecto llamada".
"No solo no contribuimos a resolver el problema sino que lo agravamos", señaló Fernández Díaz, añadiendo que las llegadas por el Mar Mediterráneo "es principalmente un problema inmigratorio, de inmigración irregular fundamentalmente" y no de refugiados.
La diputada socialista se muestra indignada con las declaraciones de Fernández Díaz. "Estamos ante un problema de refugio, no de inmigración irregular, lo dicen todas las organizaciones irregulares. Son víctimas civiles que están huyendo de la muerte. Muchas veces por problemas de conciencia religiosa, como las minorías cristianas", asegura.
"Es curioso que el ministro, que se considera católico y practicante, no atienda a esta crisis humanitaria que estamos viviendo. Es un disparate que estemos discutiendo sobre 4.100 personas", añade la política española.
A pesar de las trabas que está intentando poner el Ejecutivo español con estas cuotas, la diputada defiende que todos los países terminarán aceptando durante esta cumbre.
